crimen organizado captura instituciones en América

Una nueva resolución advierte que el crimen organizado controla territorios, amenaza periodistas y erosiona democracias en la región.

La expansión del crimen organizado en América dejó de ser únicamente un problema de seguridad para convertirse en una amenaza estructural para los derechos humanos y las instituciones democráticas.

Esa es la conclusión que emerge de la resolución “Crimen organizado y derechos humanos en las Américas”, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 28 de febrero de 2026.

El documento plantea un diagnóstico inquietante: las redes criminales lograron evolucionar desde economías ilícitas tradicionales, como el narcotráfico o la extorsión hacia estructuras complejas capaces de infiltrarse en instituciones públicas, manipular sistemas de justicia y establecer formas de poder paralelo en territorios donde el Estado pierde presencia efectiva.

La advertencia no es menor. Para la CIDH, el crimen organizado ya no puede entenderse únicamente como un fenómeno policial o judicial.

Se trata de una dinámica que impacta directamente en el ejercicio de derechos humanos, desde la vida y la seguridad hasta el acceso a la justicia.

Cuando el crimen organizado sustituye al Estado

Uno de los puntos más alarmantes señalados por la resolución es la capacidad de estas organizaciones para instalar sistemas de control territorial.

En zonas donde las instituciones estatales se debilitan o desaparecen, las redes criminales imponen sus propias reglas, regulan economías ilegales y ejercen coerción sobre comunidades enteras.

El documento advierte que este fenómeno “erosiona el Estado de derecho, alimenta la corrupción y facilita la captura de espacios políticos y judiciales”.

En algunos contextos, incluso se observó que estas estructuras criminales logran influir o infiltrar esferas del poder estatal, consolidando redes de impunidad difíciles de desmontar.

La CIDH describe así un escenario donde el crimen organizado no solo genera violencia directa, sino también una violencia estructural que profundiza desigualdades, debilita la confianza pública en las instituciones y condiciona decisiones políticas.

De interés: La otra guerra de Honduras: desapariciones por el crimen organizado

La violencia en América Latina

Aunque América Latina y el Caribe concentran apenas el 9 % de la población mundial, registran cerca de un tercio de los homicidios del planeta.

Para la CIDH, esta violencia no es producto del azar. Está ligada a dinámicas criminales transnacionales que aprovechan fronteras porosas, debilidad institucional y redes de corrupción para expandirse.

En ese contexto, el crimen organizado diversifica sus operaciones. Además del narcotráfico, se extiende hacia delitos como trata de personas, tráfico de armas, delitos cibernéticos y explotación ilegal de recursos naturales.

Estas son actividades que generan enormes ganancias y multiplican los impactos sobre comunidades vulnerables.

crímen organizado
Representación gráfica del impacto del crimen organizado en América Latina, donde, según la CIDH, la violencia y la infiltración criminal amenazan instituciones y territorios en varios países de la región. Fuente: CIDH.

Periodistas, defensores y jueces bajo amenaza

La resolución dedica un apartado especial a quienes investigan, denuncian o enfrentan estas estructuras.

Periodistas, defensores de derechos humanos, operadores judiciales y líderes comunitarios figuran entre los principales blancos de amenazas, estigmatización e incluso asesinatos.

La CIDH advierte que el riesgo es particularmente alto en territorios donde el crimen organizado consolida su presencia.

Una llamada urgente a repensar la seguridad

Más allá del diagnóstico, la resolución plantea una crítica directa a las respuestas tradicionales de seguridad.

En muchos países, señala la CIDH, las estrategias contra el crimen organizado se basan principalmente en medidas coercitivas, militarización o expansión del sistema penal.

Sin embargo, estas políticas demostraron ser insuficientes para desarticular las estructuras económicas y financieras que sostienen a las organizaciones criminales.

Por ello, la Comisión propone un enfoque con políticas integrales que combinen prevención social, fortalecimiento de la justicia, investigación financiera y protección efectiva de víctimas y testigos.

La clave, insiste el organismo, es abordar las causas estructurales que permiten la expansión del crimen organizado, desde la desigualdad social hasta la corrupción institucional.

Porque cuando el miedo se impone sobre la verdad, el silencio deja de ser solo una consecuencia de la violencia.

Es cuando se convierte en el terreno más fértil para que el crimen organizado siga creciendo en las sombras.

Lea también: Animales como trofeos: Así el crimen organizado trafica vida silvestre

Leave a Comment