El analista German Licona advierte que los señalados ya arrastraban procesos disciplinarios antes de salir de ambas instituciones.
La captura del tercer implicado en el asesinato del médico Miguel Ángel Salgado Cabezas no sólo cerró una fase del caso. También encendió una alerta incómoda dentro de las instituciones encargadas de la seguridad. No se trata únicamente de quiénes dispararon o planificaron el crimen, sino de dónde estuvieron antes.
Dos exinspectores de la Policía Nacional y un exmiembro de las Fuerzas Armadas aparecen ahora en el expediente.
No eran desconocidos para el sistema. Habían pasado por sus filas, habían llevado uniforme, habían tenido acceso a estructuras que, en teoría, existen para proteger.
El abogado y experto en seguridad, Germán Licona, lo plantea sin rodeos: “Llama la atención que sean personas que en el pasado estuvieron vinculadas a la Policía y a las Fuerzas Armadas y que fueron retiradas por procesos administrativos disciplinarios, lo que indica que desde que estaban en la institución ya tenían vínculos con estructuras criminales”.
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Revisión interna tras crimen de médico Miguel Ángel Salgado Cabezas
El caso, más que un hecho aislado, abre una pregunta incómoda sobre los filtros y controles internos. Si los tres implicados fueron separados por procesos disciplinarios, ¿qué señales se pasaron por alto cuando aún estaban dentro?
Licona insiste en que este episodio “debe poner las barbas en remojo” tanto en la Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas.
No como una reacción momentánea, sino como una revisión profunda de su personal. “Se deben tomar medidas en estos casos y las investigaciones deben dar con el hilo de esta banda que ha estado dando muerte a personas connotadas”, advierte.
Surge de nuevo el tema de la depuración
El experto no se queda en la crítica. Apunta directamente a los mecanismos que deberían activarse:
“Las depuraciones son a corto plazo y se debe establecer cómo la Didadpol (Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales) y la inteligencia y contrainteligencia determinen quiénes tienen vínculos con el crimen”.
El asesinato del médico Miguel Ángel Salgado Cabezas deja así un eco que no se limita al expediente judicial. Golpea la credibilidad de dos instituciones clave y obliga a revisar lo que ocurre detrás de sus muros.
Porque cuando quienes un día portaron uniforme terminan del otro lado de la ley, el problema deja de ser individual y se convierte en una señal de alerta que no puede ignorarse.
“El desafío ya no es solo capturar a los responsables, sino evitar que la próxima amenaza nazca, otra vez, desde adentro”, dice Licona.
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