Un año después de retrasos históricos en primarias, seis imputados enfrentan medidas cautelares. Recursos judiciales mantienen estancado el caso.
Un año después del polémico “paseo de maletas electorales” en microbuses del transporte urbano, conocidos como “rapiditos”, el caso continúa en proceso judicial. La atípica situación provocó un retraso histórico en la entrega del material durante las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025 en Honduras.
Aquella jornada dejó a miles de votantes esperando durante horas en centros de votación, especialmente en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, exigiendo poder ejercer su derecho al sufragio.
En algunos centros de la capital hondureña, el material electoral llegó hasta 12 horas después de la apertura de las urnas, prevista para las 7:00 a. m.
Inicio de la investigación y cómo avanza
El Ministerio Público abrió una investigación sobre los hechos y emitió requerimientos fiscales con órdenes de captura, que derivaron en la detención de al menos seis personas, entre empleados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y empresarios del transporte.
Según Bárbara Castillo, portavoz del Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, actualmente todos los imputados están con auto de formal procesamiento bajo medidas distintas a la prisión, mientras se resuelven recursos de apelación presentados por el Ministerio Público y las defensas, lo que ha impedido realizar las audiencias preliminares.
¿Quiénes son los imputados?
Entre los imputados destacan el empresario del transporte Carlos Salomón Fonseca Zelaya, señalado por fraude en la contratación de 94 buses que no estaban contemplados en el contrato original del CNE; y Juan Carlos Canales Lobo, empleado del CNE y miembro de la comisión evaluadora del transporte del material electoral, imputado por violación a los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles y fraude.
Ellos enfrentan medidas sustitutivas que incluyen prohibición de salida del país, caución hipotecaria, vigilancia judicial y firma en los juzgados.
Según las investigaciones de la Fiscalía, Canales y otros implicados habrían autorizado irregularmente la contratación de autobuses para trasladar las maletas electorales, sin las debidas inspecciones ni registros legales de las empresas contratadas.
Transporte de maletas electorales en ‘rapiditos’
Los antecedentes del caso reflejan un proceso marcado por la improvisación: maletas transportadas en microbuses en lugar de camiones, material electoral que permaneció estacionado por horas en barrios y colonias de Tegucigalpa sin la debida vigilancia, y largas filas de ciudadanos frustrados que esperaban la llegada de las urnas para votar.
Las elecciones primarias e internas celebradas el 9 de marzo de 2025 convocaron a más de 5.8 millones de hondureños habilitados para votar y contaron con la participación de los partidos Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal, las tres principales fuerzas políticas del país, que definían a sus candidatos para los comicios generales del pasado 30 de noviembre.
Ese día, el retraso en la entrega del material electoral generó protestas en varios centros de votación de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Ante los incidentes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) extendió la jornada de votación por varias horas, mientras microbuses escoltados por policías y militares continuaban trasladando las maletas electorales incluso entrada la noche.
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