Expertos advierten que el encarecimiento del combustible impacta en cadena: transporte, energía, alimentos y poder adquisitivo.
En Honduras, cargar combustible dejó de ser un trámite más para convertirse en una preocupación constante. Con la gasolina superior rondando los 134.07 lempiras y el diésel cerca de los 128.42, el golpe ya no se queda en la estación de servicio: alimenta la inflación y se cuela en el transporte, en la energía y, sobre todo, en el costo de la comida.
Detrás de ese precio hay una estructura compleja, marcada por el mercado internacional.
El petróleo supera los 110 dólares por barril y arrastra consigo el costo local. A eso se suman impuestos, márgenes de comercialización y decisiones estatales que terminan configurando el precio final que paga el ciudadano.
Pero lo que parece un tema técnico tiene efectos muy concretos en la vida diaria.
De interés: MUNDO Así mitigará México el aumento al precio de los combustibles
“La inflación va a subir”: advierten
El economista Sergio Zepeda, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UNAH, no deja espacio a dudas sobre lo que viene.
“Esperaríamos que la inflación vaya en ascenso, como ocurrió en 2022 con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania”, advierte.
Su explicación es directa: cuando sube el combustible, no solo se encarece el transporte. También sube el costo de producir alimentos, de generar energía y de mover mercancías. Todo impacta en el precio final que paga la gente.
“Entre más aumente la inflación, menor es la capacidad de compra de los hogares”, subraya.
Zepeda también alerta sobre otro problema que agrava el escenario: la especulación. En muchos casos, los precios de la canasta básica suben incluso más allá del impacto real del combustible.
A esto se suma la llamada inflación importada, derivada de la dependencia del país de materias primas y energía del exterior, un factor que ya tuvo un peso fuerte en 2022 y que podría repetirse en 2026.
Cuando el alza del combustible llega a la mesa
El impacto más duro no se mide en cifras macroeconómicas, sino en lo que ocurre dentro de los hogares.
María Luisa García, coordinadora del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional, advierte que el problema ya está escalando.
“El incremento en los carburantes se traduce en aumentos en los 30 productos de la canasta básica alimentaria”, explica.
Hoy, 1.8 millones de hondureños viven en inseguridad alimentaria. Pero la proyección es aún más preocupante: la cifra podría subir a 2.2 millones al cierre de 2026.
Es decir, casi medio millón de personas más podrían tener dificultades para acceder a los tres tiempos de comida diarios.
“El principal problema no es solo la disponibilidad de alimentos, sino el acceso, el poder adquisitivo”, enfatiza García.
Ese ajuste se traduce en decisiones difíciles: recortar gastos en salud, en educación o reducir la calidad y cantidad de los alimentos.
Subsidios que alivian, pero no resuelven
Ante el encarecimiento, el Estado interviene para contener el impacto. Ha absorbido hasta el 50 % de los incrementos en la gasolina regular y el diésel, mientras que el congelamiento del gas LPG doméstico implica un gasto superior a los 3,000 millones de lempiras al año.
Ese alivio evita un golpe más fuerte en el corto plazo, pero también abre otra preocupación: el costo fiscal de sostener esos subsidios en el tiempo.
Si producir cuesta más y transportar también, el resultado es casi inevitable: alimentos más caros.
En Honduras, el precio del combustible ya dejó de ser solo un indicador energético. Se convirtió en una señal de alerta sobre el costo de vivir, sobre la fragilidad de los ingresos y sobre el riesgo de que cada vez más hogares tengan que decidir entre comer, curarse o educarse.
Porque mientras el galón sube, la presión en la mesa no da tregua.
Lea también: Todo el mes de abril a teletrabajo: estas medidas mantiene el gobierno