Antonio Rivera Callejas impulsa castración química; ONG advierte que endurecer penas no frena la violencia sexual.
La violencia sexual volvió a colocarse en el centro del debate nacional, pero esta vez no por un caso específico ni por una sentencia polémica. La discusión estalló desde el Congreso, donde el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas presentó una iniciativa para aumentar las penas e implementar la castración química contra agresores sexuales.
Pero incluso antes, en 2021, el hoy proponente Rivera Callejas ya había mencionado en medios de comunicación que la castración química formaba parte de sus propuestas de campaña contra los violadores.
Es decir, más que una reacción coyuntural, la idea ha sido una bandera reiterada en distintos momentos del debate político.
Para muchos, representa una respuesta firme ante crímenes que dejan cicatrices irreparables. Para otros, es una reacción que no ataca la raíz del problema.
No es la primera vez que la castración química se asoma al debate legislativo. En 2023, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Marco Eliud Girón, ya había expuesto un proyecto que planteaba esta medida como una pena complementaria en casos de violación.
En aquel momento, la propuesta también generó discusión pública, abriendo un debate sobre si el endurecimiento de sanciones puede convertirse en un verdadero freno a este delito o si se trata de una respuesta simbólica frente a una problemática mucho más compleja.
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Castración química en Honduras: el alcance de la iniciativa
La iniciativa legislativa plantea endurecer las sanciones actuales y añadir la castración química como mecanismo complementario en delitos sexuales.
La intención, según sus impulsores, es clara: enviar un mensaje de cero tolerancia y disuadir futuras agresiones.
En un país donde la indignación social suele crecer ante cada caso de abuso, el endurecimiento de penas encuentra respaldo ciudadano.
Sin embargo, expertos en derechos humanos advierten que la discusión no puede limitarse a cuánto castigar, sino a cómo prevenir.
CIPRODEH: “Modificar la pena no es la solución”
Desde el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), la postura es crítica frente a la propuesta.
Javier Acevedo, representante de la organización, sostiene que aumentar las penas o incorporar la castración química no resolverá la violencia sexual si el sistema continúa fallando en prevención y respuesta.
“Modificar la pena no es la solución de delitos de violencia sexual. Necesitamos desarrollar otras acciones como educación para que niños, niñas y adolescentes comprendan los niveles de agresión y entiendan los riesgos.
Es cumplir con la denuncia y tener canales de denuncia masificados que les permitan a los menores, ante el riesgo, poder actuar y que el sistema responda”, expresó Acevedo.
El señalamiento apunta a un vacío institucional que, según la ONG, sigue intacto: muchos menores no identifican las agresiones a tiempo y, cuando lo hacen, no siempre encuentran un sistema que los proteja.
Educación, denuncia y seguimiento: la deuda pendiente
Acevedo insiste en que la prevención debe comenzar en las aulas de clase y en los hogares, con información clara sobre los tipos de agresión y los mecanismos de protección.
También plantea la necesidad de canales de denuncia accesibles y efectivos, capaces de responder con rapidez y acompañamiento.
El debate también toca un punto sensible: el seguimiento pospenitenciario. ¿Qué ocurre después de que un agresor cumple su condena? ¿Existen controles o programas de monitoreo que reduzcan el riesgo de reincidencia?
Sin estas piezas, advierten, el castigo puede convertirse en una medida aislada que no modifica la estructura del problema.
Más allá del castigo
La propuesta de castración química sacude el debate porque pone sobre la mesa una medida extrema frente a un delito que provoca indignación colectiva.
La sociedad exige justicia. Las víctimas exigen garantías de no repetición. El Congreso discute castigos más severos.
Y las organizaciones recuerdan que, sin educación, denuncia efectiva y seguimiento, la violencia puede seguir reproduciéndose en silencio.
La pregunta no es solo si la castración química será aprobada. Es si Honduras está dispuesta a construir un sistema que actúe antes de que el daño ocurra, no únicamente después.
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