El presidente del CN advirtió que podrían sancionar económicamente a los diputados que generen disturbios en el hemiciclo.
Los diputados que protagonicen desorden y zafarranchos dentro del Congreso Nacional serán sancionados con la deducción de 15 días de salario, según advirtió el presidente legislativo, Tomás Zambrano.
“Al pueblo hondureño le preguntó si estarían de acuerdo en que la Junta Directiva emita un reglamento para que a los diputados se les quite 15 días de salarios por disturbios en el hemiciclo”, dijo.
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La advertencia fue hecha después de que el pasado 23 de marzo la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) realizaran un zafarrancho dentro del Congreso en medio de una sesión atípica en la que se discutía la propuesta para el juicio político en contra del fiscal general Johel Zelaya.
Los diputados, que se oponían a que se aprobara el juicio, llevaron pancartas, silbatos, bengalas y entre gritos, causaron caos. En ese sentido, el presidente del CN lamentó lo sucedido y dijo que no era necesario hacer ese desorden.
“Nosotros les hemos dicho a ellos que les vamos a dar la palabra y que al Congreso Nacional se viene a debatir, argumentar, a poder presentar cada una de sus posturas. Yo les dije antes de iniciar que se les iba a dar la palabra las veces que fuera; no era necesario que empujaran y golpearan a los compañeros”, indicó el diputado presidente.
Hasta el momento no se ha formalizado esta posible sanción.
A pesar de la negativa y del caos, que no es primera vez que ocurre dentro del Congreso, se aprobó el juicio contra el fiscal por hechos vinculados al proceso electoral de 2025.
Juicio político en contra del fiscal general
Luego de que se aprobara el juicio contra el fiscal Johel Zelaya, el pasado 23 de marzo, el martes 24 inició el enjuiciamiento frente a la comisión.
La denuncia presentada detalla una serie de señalamientos que, según los diputados, configuran actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia e incompetencia en el ejercicio del cargo.
Entre los principales cuestionamientos se encuentran:
- Intervención en el proceso electoral: Se le acusa de haber impulsado acciones contra autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) en momentos clave del cronograma electoral, afectando su funcionamiento.
- Difusión de pruebas sin respaldo técnico: El fiscal habría divulgado audios públicamente sin cadena de custodia ni peritaje, atribuyendo delitos antes de que existiera validación judicial.
- Persecución penal selectiva: Se señala que el Ministerio Público actuó contra ciertos actores políticos y electorales, mientras omitió investigar otros casos relevantes.
- Acciones contra el Tribunal de Justicia Electoral (TJE): Incluye requerimientos fiscales contra magistrados por decisiones adoptadas durante el proceso electoral.
- Uso político del Ministerio Público: Según la denuncia, existió influencia externa en decisiones fiscales, lo que habría comprometido la independencia institucional.
- Omisiones en investigaciones clave: Entre ellas, denuncias relacionadas con hechos de violencia y posibles irregularidades dentro del mismo proceso electoral.