Allanamientos simultáneos destapan la red criminal que sostuvo durante años el narcotráfico, violencia y control territorial en Yoro.
Durante años, “Los Copanecos” construyeron en silencio un imperio criminal en Olanchito, Yoro. Sin rótulos, sin ostentación y sin estructuras visibles, la banda convirtió viviendas comunes en centros de almacenamiento, vigilancia y coordinación para el tráfico de drogas y el sicariato.
Desde esos espacios, dominaron territorios, impusieron miedo y desafiaron al Estado. Este 9 de febrero de 2026, una serie de allanamientos simultáneos rompió ese equilibrio impuesto por la violencia y dejó al descubierto el sistema con el que la organización sostuvo su poder en el norte de Honduras.
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Los Copanecos y las viviendas convertidas en centros del delito
Las acciones, coordinadas por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), se concentraron en cuatro inmuebles ubicados en puntos estratégicos del municipio.
A simple vista, no había nada que los distinguiera de otras casas del barrio. Sin embargo, en su interior funcionaban como bodegas clandestinas y centros de operación.
Allí se ocultaban cargamentos de cocaína, dinero en efectivo y armas de alto poder, se resguardaron en caletas diseñadas para evadir inspecciones.
Cada vivienda cumplía un rol específico dentro de la estructura, permitiendo que la red operara con eficiencia y bajo perfil durante años.
Violencia organizada para sostener el poder
Las investigaciones establecen que Los Copanecos no solo se dedicaron al tráfico de drogas. El sicariato era una pieza clave de su modelo criminal.
Los ajustes de cuentas, las represalias por deudas y los castigos internos formaron parte de un sistema de control cuidadosamente administrado. La violencia no era impulsiva: era calculada, planificada y utilizada como mecanismo de disciplina.
De esta forma, la banda consolidó su autoridad, sembró temor en la región y redujo al mínimo las posibilidades de traición o delación.
Un sistema de vigilancia permanente
Otro de los pilares de la organización era su red de monitoreo territorial. La banda mantenía vigilancia constante sobre calles, accesos y movimientos inusuales en su zona de influencia.
Según las pesquisas, este sistema incluía vínculos con cuerpos de seguridad locales, lo que les permitía anticipar operativos, detectar presencias sospechosas y proteger sus rutas de transporte.
La información se convirtió en un recurso estratégico tan importante como la droga, permitiéndoles operar con ventaja frente a las autoridades.
Pese a la intervención de las autoridades en viviendas del sector y al hallazgo de drogas, no se reportaron capturas tras los allanamientos.
Febrero bajo presión contra el narcotráfico
El operativo en Olanchito se inscribe en una ofensiva más amplia contra redes criminales en el norte del país. En los días previos, las autoridades ejecutaron acciones similares en San Pedro Sula y La Ceiba, con decomisos de drogas, dinero y armamento.
El patrón revela una estrategia orientada a desarticular estructuras completas, atacando sus bases financieras, logísticas y territoriales, y no solo a operadores de bajo nivel.
Con esta intervención, Yoro se sumó al mapa de zonas bajo presión directa del Estado.
El golpe al corazón financiero
Más allá de las incautaciones visibles, el objetivo central de los allanamientos es debilitar el músculo económico de la organización.
Los fiscales buscan reconstruir las rutas del dinero, identificar a los responsables de su administración y documentar los mecanismos de lavado o reinversión.
Sin recursos, sin refugios seguros y sin centros de operación, el imperio construido por Los Copanecos comienza a fracturarse desde sus cimientos.
La caída de caletas, bodegas y centros de vigilancia revela que Los Copanecos no fueron una estructura improvisada, sino una organización diseñada para durar. Su poder se sostuvo en dinero, información y violencia administrada con precisión.
Hoy, ese imperio muestra grietas. Pero el desafío no termina con puertas forzadas ni decomisos. Empieza con la capacidad del Estado para sostener la presión, proteger a las comunidades y evitar que otro grupo ocupe el espacio que deja el crimen.
En Olanchito, la verdadera batalla es impedir que el miedo vuelva a gobernar.
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