Según, autoridades buscan un equilibrio entre la aplicación rigurosa de la ley y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Las máximas autoridades de seguridad de Honduras presentaron este lunes en el foro Frente a Frente, la nueva estrategia de intervención territorial focalizada, diseñada para abordar la criminalidad sin recurrir a modelos externos como el de El Salvador, en Honduras.
¿Cómo lo harán?, con una “intervención territorial focalizada”, en cada uno de los municipios más afectados por la violencia y la extorción de acuerdo al títular de la Secretaría de Seguridad.
En el programa se trató el tema ¿Quién manda realmente en Honduras: el Estado o el crimen organizado?
Los invitados de hoy fueron: Gerzon Onán Velásquez Aguilera, Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad; Rommel Martínez, subsecretario de Estado en el despacho de asuntos policiales; Rigoberto Oseguera Mass, Director General de la Policía Nacional y Mesil Marín Aguilar Amaya, subsecretario de Estado en el Despacho de Asuntos Interinstitucionales.
Durante el foro, se enfatizó que el país busca un equilibrio entre la aplicación rigurosa de la ley y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Las autoridades hondureñas priorizan 30 municipios con altas tasas de homicidios y se centra en cuatro indicadores clave: muertes violentas, extorsión, letalidad vial y confianza ciudadana.
Con un enfoque basado en datos y profesionalismo policial, el gobierno reafirmó que el Estado mantiene el control absoluto frente al crimen organizado.
¿Cuáles son esos municipios con altas tasas de homicidios?
Perspectivas institucionales sobre el nuevo modelo de seguridad
El debate central giró en torno a la soberanía de la estrategia de seguridad hondureña frente a las presiones del modelo salvadoreño de “mano dura”.
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó que, aunque el éxito de los vecinos es digno de análisis, Honduras posee características geográficas, sociales y políticas únicas que exigen un plan personalizado.
El funcionario subrayó que el país debe atender realidades como la extensa costa utilizada por el narcotráfico y las zonas rurales donde la presencia estatal ha sido históricamente débil.
“Nosotros estamos conscientes de que hay un éxito en algunos de nuestros vecinos y que la estrategia les ha funcionado y ellos la diseñaron sin lugar a duda en base a sus propias realidades. Nosotros por lo tanto tenemos que construir la nuestra porque debe atender a las particularidades propias de nuestra problemática”, indicó Velásquez.
“Las estructuras criminales han creado una economía criminal fuerte y nosotros tenemos la obligación de analizar esa problemática, identificarla y atacarla puntualmente porque no tenemos los recursos que idealmente deberíamos tener para poder tener un control total”, añadió Velásquez.
Por su parte, el subsecretario Rommel Martínez profundizó en la estructura del plan, diferenciando el nivel político de la ejecución operativa.
DD.HH no es sinónimo de debilidad institucional, según Martínez
Martínez fue enfático al explicar que respetar los derechos humanos no es sinónimo de debilidad institucional, sino un mandato del Estado de Derecho.
Explicó que la ley hondureña es lo suficientemente dura y que el reto reside en que los operadores de justicia la apliquen con mayor incidencia y rigor.
“Ese principio de legalidad presenta, si echamos un vistazo a lo que es la ley, quizá una de las características de mayor dureza. De hecho, hay un aforismo jurídico que dice que la ley es dura pero es la ley, y ese es un eje rector en esta planeación”, explicó Martínez.
Del mismo modo, el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, aportó la visión operativa, destacando la importancia de la “ciencia policial” y el uso de tecnologías para combatir delitos complejos como la extorsión.
Oseguera defendió la profesionalización de la cúpula policial, compuesta por oficiales con formación académica superior, y aseguró que el fin último es la “desecuritización”, es decir, llegar al momento en que no sean necesarias medidas excepcionales porque la ley se cumple con normalidad.
Finalmente, el subsecretario Mesil Marín Aguilar Amaya destacó la importancia de la corresponsabilidad municipal y la reactivación de observatorios de convivencia para basar las decisiones en evidencia local.
Las autoridades concluyeron que el Estado tiene el control del territorio y que el fin del estado de excepción no representa un vacío de autoridad, sino una transición hacia una gestión policial más técnica, supervisada y respetuosa de las garantías constitucionales.
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