Datos, alertas y voces expertas coinciden: la violencia no desapareció, solo cambió de forma y el Estado debe afrontarlo.
Durante meses, Honduras respiró una sensación engañosa de control. Las cifras parecían ceder, el discurso oficial habló de avances y el país intentó creer que la violencia retrocedía. Pero bajo esa aparente calma, el crimen organizado no se retiró: se replegó, se adaptó y creció.
El informe del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) desmonta esa narrativa con datos y contexto.
La reducción de homicidios no respondió necesariamente a una estrategia estatal efectiva, sino a un cambio táctico de las estructuras criminales, que optaron por bajar el perfil en las calles mientras expandían su control en las sombras.
Investigadores en seguridad consultados coinciden en esa lectura: lo que el país interpretó como una mejora fue, en realidad, un reacomodo.
“Menos violencia visible, pero más control territorial, más redes consolidadas y nuevas economías criminales en marcha. Ese silencio no era paz. Era preparación”, explica un exagente de investigación de la Policía Nacional.
De interés: Investigar mejor: la clave que exigen los expertos para frenar el crimen
Pax mafiosa en Honduras: modelo que ocultó la expansión del crimen
El concepto no es nuevo, pero su aplicación en el país resulta inquietante. La llamada “pax mafiosa”, descrita por organismos internacionales, explica cómo los grupos criminales reducen deliberadamente la violencia para evitar presión estatal mientras fortalecen su dominio.
En Honduras, ese patrón se hizo evidente. Mientras el estado de excepción se extendía por todo el país y el enfoque de seguridad se trasladó al control militar, las pandillas reducían su exposición pública y el crimen organizado avanzó hacia zonas rurales, consolidando cultivos de coca y ampliando rutas .
Para analistas, esto no fue un logro institucional, sino una coexistencia tácita. Un equilibrio precario que permitió que las estructuras criminales operaran con menos ruido, pero con mayor profundidad.
Violencia que regresa: señal de un nuevo pulso de poder
El inicio de la administración de Nasry Asfura dice el CESPAD que coincide con un repunte de hechos que ya no pueden leerse como aislados.
“Audios de extorsión que amenazan con matar transportistas, 42 muertes violentas de mujeres en apenas dos meses, masacres que se repiten cada 15 días y la aparición de drogas como el fentanilo marcan un nuevo escenario”, dice el informe.
A esto se suma el hallazgo de miles de arbustos de coca y plantaciones de marihuana, evidencia de que el país dejó de ser únicamente un corredor y empieza a asumir un rol más activo en la producción .
Para investigadores en crimen organizado, este repunte no es casual. “Es una reacción. Los grupos criminales suelen medir a los nuevos gobiernos a través del miedo, incrementando la violencia para presionar, negociar o marcar territorio”, dicen investigadores.
La confesión que desnuda al Estado
Pero si algo termina de romper cualquier duda es lo que hoy reconocen las propias autoridades.
El director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), Ramiro Muñoz, lo dijo sin rodeos: “no existe una sola banda que opere de forma aislada en Honduras, todas están vinculadas a carteles internacionales y, en muchos casos, a funcionarios”.
La afirmación no es menor. Es la validación de que las estructuras siguen intactas, operando con la misma lógica y con una capacidad de penetración que desdibuja las fronteras entre lo criminal y lo institucional.
La pregunta que lanzó el propio funcionario resume la dimensión del problema: ¿dónde no se está utilizando el territorio nacional para el narcotráfico?.
Un país en disputa: del Estado capturado al Estado desafiado
El informe del CESPAD plantea un giro aún más profundo: “Honduras ya no solo enfrenta un Estado capturado por redes criminales, sino un Estado abiertamente desafiado por ellas”.
La violencia que hoy reaparece no es un fenómeno nuevo, sino el síntoma de un proceso acumulado.
Durante el periodo de aparente calma, las mafias se consolidaron, ampliaron sus vínculos internacionales y reforzaron su capacidad de cooptación.
Ahora, con un nuevo gobierno en escena y una retórica de mayor confrontación, esas estructuras responden. No retroceden: presionan.
Investigadores advierten que este momento es crítico. “Si el Estado no logra romper las redes que se fortalecieron en silencio, el país podría entrar en una fase más agresiva, donde la violencia deje de ser intermitente y se convierta en regla”.
La historia reciente deja una lección incómoda: la violencia en Honduras no desapareció, solo cambió de forma. Se volvió menos visible para sobrevivir y más profunda para sostenerse.
Hoy, ese modelo se fractura. Y lo que emerge no es un nuevo problema, sino el rostro real de uno que nunca se fue.
El desafío ya no es reducir cifras ni contener episodios. Es recuperar un territorio donde, cada vez con más claridad, el poder no solo se disputa… se ejerce desde las sombras.
Lea también: Reformas buscan cercar al crimen de la base hasta la cúpula