Juristas advierten que el requerimiento del MP contra magistrados del TJE vulnera la autonomía institucional y pone en riesgo la estabilidad electoral.
El requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP) contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, ha generado fuertes reacciones en el ámbito jurídico y político.
El MP acusa a los magistrados del delito de prevaricato judicial, alegando que ambos emitieron resoluciones contrarias a la ley al ordenar la inscripción de los candidatos Jorge Cálix y Cristian Villalobos como diputados por Olancho y Valle, respectivamente, sin cumplir los procedimientos legales.
La Fiscalía presentó el requerimiento luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inadmisible la solicitud de antejuicio, argumentando que los magistrados del TJE no gozan de esa prerrogativa.
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El caso pasará a conocimiento de un juez natural, pero expertos advierten que el proceso podría vulnerar la autonomía de las instituciones electorales.
El requerimiento contra magistrados del TJE no debe ser admitido, dice exfiscal
En entrevista conel noticiero TN5 Matutino de Canal 5, el exfiscal general Leónidas Rosa Bautista calificó el requerimiento como “improcedente” y sostuvo que el proceso debería ser declarado inadmisible, al no haberse cumplido con el mecanismo constitucional de juicio político previo a una acusación penal contra altos funcionarios.
“Primero debe destituirse al funcionario mediante juicio político antes de abrirle un proceso penal”, expresó. Seguidamente indicó que “si la justicia funciona, este requerimiento, al igual que el antejuicio rechazado, debe ser declarado inadmisible”.
Rosa Bautista también criticó el papel actual del Ministerio Público, al que señaló de haber perdido independencia.
“Hoy el MP parece actuar bajo control político. Cuando no se cumple la ley, se pierde el horizonte, la paz y la seguridad jurídica de los ciudadanos”, advirtió.
En riesgo el sistema institucional: Félix Ávila
Por su parte, el analista en derecho penal Félix Ávila coincidió en que el requerimiento representa un grave precedente que pone “en riesgo la institucionalidad del país” y advirtió sobre la instrumentalización del Ministerio Público.
“Esta situación es muy grave. Aquí no solo se viola la autonomía del Tribunal de Justicia Electoral, sino que se pone en riesgo todo el sistema institucional. Si el MP puede acusar a magistrados porque no le gusta una sentencia, mañana podría hacerlo contra cualquier sala de la Corte Suprema. Eso es nefasto”, señaló Ávila.
El experto añadió que el MP debió actuar con mayor prudencia y respetar el debido proceso.
“No se trataba de un caso de flagrancia. Lo correcto era realizar una investigación seria y objetiva, no llegar con contingentes policiales a incautar expedientes. El Ministerio Público no puede decidir qué sentencia es conforme a derecho; eso le corresponde al Poder Judicial”, agregó.
Ávila también advirtió sobre las consecuencias institucionales de procesar a dos magistrados propietarios a menos de 20 días de las elecciones generales.
“Si ambos son suspendidos o privados de libertad, el TJE quedaría prácticamente inoperante, lo cual generaría un vacío en la administración electoral. Eso afectaría directamente la confianza ciudadana y la estabilidad democrática”.
Finalmente, el analista recordó que los magistrados Flores y Barahona interpusieron recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional, pero hasta ahora no se ha admitido su trámite.
“La justicia constitucional también tiene una gran responsabilidad en este momento. Debe actuar con celeridad y garantizar el respeto a los derechos de todos”, concluyó.
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