Los analistas coincidieron sobre errores cometidos por el CN en el juicio político contra Johel Zelaya y Rebeca Ráquel. Advirtieron posibles consecuencias.
El reciente proceso de juicio político impulsado en el Congreso Nacional de Honduras contra el exfiscal general del Ministerio Público (MP), Johel Zelaya, y la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, ha generado un intenso debate jurídico y político sobre la actuación del Poder Legislativo, así como sobre las consecuencias institucionales de sus decisiones.
Mientras la exdiputada del Partido Liberal (PL), Maribel Espinoza y el analista hondureño Oliver Erazo coinciden en la necesidad de mecanismos de control político, ambos advierten —desde perspectivas distintas— fallas graves en el procedimiento legislativo y riesgos para el Estado de derecho.
‘Hubo errores en el procedimiento legislativo’: Erazo
Por su parte, el analista Oliver Erazo cuestionó, en entrevista para el foro de debates 30/30, de TSi, la forma en que se eligió al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y aseguró que el procedimiento fue irregular.
“No se da en el Pleno (de la CSJ), se da en el Congreso”, afirmó, al advertir que la decisión no respetó los canales institucionales establecidos.
En esa línea, señaló que el Congreso se excedió en sus funciones al intervenir en asuntos internos del Poder Judicial.
“Eso es abusivo, porque eso sí es intervenir en las cosas internas de otro poder del Estado”, expresó, al insistir en que la decisión correspondía exclusivamente al Pleno de la Corte.
Además, Erazo consideró que lo ocurrido responde a intereses políticos más que jurídicos.
“Aquí lo que hay es un trasfondo político, una componenda”, sostuvo, al tiempo que advirtió que este tipo de actuaciones debilitan la independencia institucional y sientan un precedente negativo.
Además, manifestó sus críticas en el procedimiento del Congreso, al considerar que existieron omisiones que podrían afectar la legalidad del proceso.
Sobre la renuncia de Rebeca Ráquel Obando
Erazo cuestionó la validez de la aceptación de la renuncia de la magistrada presidenta, al señalar que no se cumplió el debido proceso legislativo.
“No fueron conocidos los hechos denunciados, no fueron investigados ni votados”, afirmó.
El analista advirtió que estas irregularidades podrían incluso abrir la puerta a acciones legales contra el Estado.
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“Hay una violación al debido proceso legislativo”, sostuvo, al insistir en que el Congreso debió corregir el trámite antes de dar por cerrado el expediente.
También criticó la rapidez con la que se han manejado algunos procedimientos en comparación con la lentitud histórica del sistema: “Hemos normalizado que un proceso de seis meses dure seis años”, apuntó.
‘No debe usarse el juicio político como herramienta de poder‘: Espinoza
Maribel Espinoza sostuvo, en entrevista para el programa de debates 30/30, de TSi, que el juicio político debe aplicarse únicamente en casos donde se “lesione gravemente el orden constitucional”, advirtiendo que su uso indebido puede distorsionar el equilibrio institucional.
“No se debe utilizar para capturar instituciones ni como herramienta de abuso de poder”, expresó, al señalar que estos procesos deben mantenerse dentro de límites estrictamente constitucionales.
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La exdiputada consideró que algunos de los juicios políticos impulsados esta semana eran “necesarios”, pero cuestionó la forma en que se manejó el caso de la Corte Suprema.
A su juicio, lo ocurrido “parece más un arreglo político que un proceso en sentido estricto”, debido a la forma en que se interpretaron las renuncias y los cambios internos en el Poder Judicial.
Además, alertó sobre el mensaje institucional que deja el proceso: “La impunidad sigue danzando”, dijo al referirse al impacto que estas decisiones pueden generar en la confianza ciudadana.
Congreso bajo escrutinio por decisiones políticas
Aunque ambos coinciden en que el juicio político es una herramienta legítima, Espinoza y Erazo difieren en el énfasis: la primera advierte sobre el uso político del mecanismo, mientras el segundo se concentra en los errores formales del Legislativo.
Sin embargo, los dos convergen en un punto clave: las decisiones del Congreso deben fortalecer las instituciones y no debilitar la confianza ciudadana.
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