La administración recibió una alcaldía demandada por 13 millones de lempiras, más un 25 % de intereses, además de otras obligaciones financieras.
El alcalde de Silca, Olancho, Alfredo Matute, del partido Libertad y Refundación (Libre), denunció este viernes que la municipalidad se encuentra embargada y enfrenta millonarias deudas heredadas de la corporación saliente.
Según el edil, la administración recibió una alcaldía demandada por 13 millones de lempiras, más un 25 % de intereses, además de otras obligaciones financieras con bancos que ya se encuentran en mora y generan altos intereses.
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“Estamos preocupados porque hemos encontrado la alcaldía demandada en varios millones de lempiras. Estamos endeudados con los bancos, deudas que ya están en mora con intereses muy altos. También encontramos una alcaldía vacía, en el aspecto que no encontramos nada; el informe que ellos nos dieron el día del traspaso no encontramos nada”, aseveró Matute.
De acuerdo con el alcalde, alrededor de 30 exempleados interpusieron demandas contra la municipalidad, argumentando que se les adeudaban seis meses de salario y además los corrieron antes de que las nuevas autoridades asumieron.
“La alcaldía la demandaron supuestamente porque se les debe seis meses de pago y él los despidió antes de hacer el traspaso de mando, como unos cuatro o cinco días antes”, detalló.
Matute señaló que la corporación saliente pertenece al Partido Nacional y pidió el respaldo de las autoridades del Gobierno central para poder enfrentar la crisis financiera que amenaza la operatividad del municipio.
Otras alcaldías embargadas
La situación no es aislada. Al menos cinco alcaldías del país enfrentan embargos financieros que ponen en riesgo su funcionamiento y la prestación de servicios básicos.
En el departamento de Olancho, los municipios de Guata, Guarizama y Mangulile registran deudas que oscilan entre los 29 y 50 millones de lempiras.
En Choluteca, las cifras son aún mayores: el municipio de Choluteca enfrenta embargos superiores a 850 millones de lempiras, mientras que El Corpus reporta más de 65 millones.
Reacción del Gobierno
Ante este panorama, el procurador general de la República, Dagoberto Aspra y el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, sostuvieron una reunión con magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para analizar los embargos, los cuales consideran ‘estratégicos’ y dirigidos a afectar la operatividad de las alcaldías.
“El Tesoro del Estado se encuentra bajo ataque. De manera sistemática se han estado haciendo embargos, quitando priorización en temas de educación, salud y niñez. Vamos a tener una reunión con la CSJ para que, de manera interinstitucional, sepamos qué está sucediendo”, declaró Hernández Hércules.
Las autoridades municipales esperan que, tras estas reuniones, se puedan encontrar mecanismos legales y financieros que permitan aliviar la carga económica y garantizar la continuidad de los servicios en los municipios afectados.