La cancelación del TPS en EE. UU. enciende alertas sobre la frágil capacidad de respuesta del país ante la llegada de hondureños.
La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños en Estados Unidos no es solo un giro judicial: es una señal de alarma.
Expertos advierten que Honduras no soportaría un retorno masivo si miles de compatriotas son deportados en un corto período.
La fragilidad institucional, la pobreza persistente y la limitada capacidad de reintegración podrían convertir el regreso en una nueva crisis social.
Una corte en San Francisco, California, concedió al gobierno estadounidense la apelación para cancelar el TPS que beneficiaba a más de 55 mil hondureños.
La secretaria de Seguridad, Kristi Noem, informó que la decisión revierte la orden de una jueza que había suspendido la medida el 30 de diciembre.
Con ello, quienes estaban protegidos pierden temporalmente su blindaje legal y quedan expuestos a detención o deportación.
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TPS cancelado y riesgo de deportaciones masivas
El TPS fue otorgado tras el huracán Mitch y, por más de dos décadas, permitió que miles de hondureños trabajaran legalmente en Estados Unidos. Muchos construyeron familia, compraron vivienda y sostienen hogares en Honduras mediante remesas.
En lo que va del año, el país ha recibido cerca de tres mil personas deportadas en vuelos procedentes de Estados Unidos. La cifra se suma a los más de 38 mil hondureños repatriados en 2025, de los cuales el 78.1 % provenía de ese país.
Para el coordinador de Riesgos Migratorios del Centro de Atención al Migrante Retornado (CASM), César Ramos, el escenario exige preparación urgente.
“El país tiene que prepararse siempre para responder ante estas oleadas de deportaciones”, señaló. Pero la advertencia va más allá del protocolo aeroportuario.
Honduras sin capacidad estructural para reintegrar retornados
“La reintegración requiere políticas en educación, salud, vivienda social y seguridad ciudadana. Sin estas condiciones, el retorno masivo podría agravar la vulnerabilidad de las familias deportadas”, añadió Ramos.
Las autoridades reconocen que la capacidad de respuesta es reducida frente a un flujo extraordinario de retornados.
Un retorno masivo impactaría el mercado laboral, saturaría servicios públicos ya frágiles y pondría presión adicional sobre comunidades que dependen de las remesas.
Sin ese soporte, advierten analistas migratorios, el ciclo podría repetirse: retorno forzado hoy, nueva migración irregular mañana.
La voz de un tepesiano hondureño
Carlos Martínez llegó a Estados Unidos en 2001. El TPS le permitió trabajar legalmente durante más de veinte años. Tiene tres hijos ciudadanos estadounidenses y una hipoteca en curso.
“Yo no me fui por gusto. He trabajado, pago impuestos. Mis hijos están aquí. Si me deportan, no sé cómo empezar de cero en Honduras”, dice.
Cada mes envía dinero a su madre en Choluteca. Con esas remesas se pagan medicinas y alimentación.
“Uno siente que le quitan el piso. Allá tampoco hay empleo suficiente. ¿Qué vamos a hacer si nos regresan todos al mismo tiempo?”, pregunta.
Gobierno pide nuevo TPS mientras crece la incertidumbre
El presidente Nasry Asfura solicitó un nuevo TPS como vía para aliviar el panorama migratorio. Sin embargo, la mayoría de hondureños en Estados Unidos permanece en condición irregular, lo que mantiene abierta la posibilidad de deportaciones incluso más allá del grupo protegido.
La decisión judicial genera preocupación por un eventual aumento de retornos en los próximos meses.
Si bien aún no se ha producido una deportación masiva vinculada a esta resolución, los expertos insisten en que el país debe anticiparse. Porque el desafío no es hipotético. Es estructural.
La cancelación del TPS no provoca todavía un retorno masivo. Pero la advertencia está hecha: si ocurre, Honduras no solo recibirá a sus hijos de vuelta. Recibirá también el peso de no haber construido las condiciones para sostenerlos.
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