Según expertos, la única forma de bajar la “temperatura” que marca la crisis constitucional es a través de elecciones libres y transparentes.
Un grupo de juristas y académicos advirtieron este miércoles en Frente a Frente que Honduras atraviesa una grave crisis constitucional que pone en riesgo el sistema democrático, por lo que es necesario el voto masivo en las elecciones generales del 30 de noviembre.
A su criterio, esta crisis se caracteriza por una marcada concentración de poder en el Ejecutivo y un debilitamiento de los contrapesos institucionales, especialmente ante la proximidad de las elecciones.
Las acciones que configuran esta supuesta ruptura constitucional material incluyen el cierre irregular del Congreso Nacional, la instrumentalización del Ministerio Público (MP), la omisión del Poder Judicial, que no resuelve recursos claves, y la expansión del rol militar sin los debidos controles civiles.
Sin embargo, en medio de las alertas, la discusión en el foro periodístico resaltó un punto de inflexión positivo: la decisión del Congreso Nacional, legalmente reunido, de levantar el estado de excepción, un paso crucial que los expertos celebran como el inicio de la alineación de los “astros” hacia la democracia.
La preocupación fundamental gira en torno al sabotaje interno y externo de los órganos electorales y la erosión de las garantías fundamentales.
El programa de este día en “Frente a Frente” se centró en la pregunta: “¿Cree usted que hay razones para negar o afirmar que enfrentamos una crisis constitucional grave?”.
Invitados del foro Frente a Frente
El foro contó con la participación de un destacado panel de abogados y especialistas en justicia, derechos humanos y constitucionalismo:
- Vilma Morales: abogada, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
- Sandra Ponce: abogada, exfiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público.
- Danelia Ferrera: abogada, exdirectora de Fiscales del Ministerio Público.
- Nelson Castañeda: director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
- Ruth Lafosse : abogada.
- Kenneth Madrid: abogado.
Causas de la ruptura institucional en Honduras
La abogada Vilma Morales describió la situación como un “conflicto constitucional, una crisis constitucional de los órganos constitucionales” que se identifica claramente en el proceso electoral.
Al mismo tiempo, hizo un llamado vehemente a que cada poder del Estado “retome la Carta Magna y camine por el rumbo que nuestra Constitución manda”.
La abogada Lafosse sostuvo que la democracia hondureña se ha deteriorado desde adentro y que lo que se vive es un “gobierno de facto”.
Encontró la palabra “rebeldía” clave, señalando que esta no solo es del soldado, sino también de la presidenta de la República, Xiomara Castro; el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; y la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, actuando en rebeldía contra el Estado de Derecho constitucional.
La abogada Lafosse lamentó el quiebre de garantías fundamentales, afirmando que “nosotros podemos decirle en este momento que no tenemos ningún tipo de garantía ni dónde acudir para que estas garantías puedan ser efectivamente protegidas por el poder judicial”.
Advirtió que “tenemos un Congreso cerrado por nueve personas donde las posibilidades nuestras de acudir para poder lograr los controles constitucionales por ese lado no existe…”.
También consideró como una “rebeldía lo que acaba de suceder con ese señor de la Fuerza Armada, no prestarle la cooperación institucional al Consejo Nacional Electoral sabiendo que tenemos una crisis grave en cuanto al cronograma de trabajo del Consejo Nacional Electoral”.
Kenneth Madrid reforzó esta postura, indicando que hay una “alineación irregular de los órganos de control constitucional”.
Detalló que esta ruta hacia la ruptura incluye el cierre del Congreso (donde nueve personas operan sin reconocer a las mayorías), las omisiones del Poder Judicial, y la expansión de las funciones militares.
Por su parte, Nelson Castañeda, de la ASJ, señaló que la pregunta sobre la crisis constitucional fue el motor para la opinión jurídica construida por 18 juristas, la cual es una respuesta técnica y no política. Esa opinión fue presentada públicamente el martes 18 de noviembre.
Castañeda advirtió que el sabotaje, tanto interno como externo, hacia los órganos electorales es irrefutable e irrebatible, y resumió la situación con una analogía clara: “Cuando el árbitro está intimidado el partido va a ser un fracaso”.
El Ministerio Público y la injerencia electoral
La abogada Danelia Ferrera, exfiscal, lamentó que la independencia del Ministerio Público se vea comprometida al abrir investigaciones o brindar declaraciones públicas sobre hechos que involucran a los órganos electorales, lo cual está prohibido por ley.
Ella enfatizó que esto “no puede ser una presión para que los actores y los funcionarios del órgano electoral actúen de una u otra forma”.
Sandra Ponce coincidió, señalando que aunque el MP tiene la facultad de perseguir el delito, en un momento crucial como el electoral, debe ejercer su discrecionalidad reglada para ponderar que hay un valor superior en juego: las elecciones.
El quiebre del estado de excepción
Un punto positivo que celebró el panel fue la decisión del Congreso Nacional de descontinuar el estado de excepción, considerado ilegal y desproporcional.
Sandra Ponce destacó que, a pesar de las maniobras para erosionar al Congreso, el Legislativo “cumplió con esa función que tiene constitucionalmente de hacer un control legislativo de las acciones del ejecutivo”.
La abogada Morales indicó que con esta acción, se empiezan a “alinear los astros” para que Honduras retome la ruta de la democracia. Nelson Castañeda recordó que este estado de excepción se había desnaturalizado y se había convertido en una política de seguridad, cubriendo el 91% de la población, lo que lo hacía insostenible.
Llamado a la comunidad y al voto masivo
Los expertos concluyeron que la única forma de bajar la “temperatura” que marca la crisis constitucional es a través de elecciones libres y transparentes. Kenneth Madrid hizo un llamado a la ciudadanía, afirmando que el 30 de noviembre el pueblo hondureño es quien decidirá el rumbo de lo legítimo o lo ilegítimo.
Por su parte, el abogado Castañeda instó a que la crisis no se resuelva con discursos, sino “restituyendo el orden constitucional para garantizar este próximo 30 de noviembre elecciones transparentes”.
La democracia, en esencia, es como un vehículo: si los frenos (el Poder Judicial) no funcionan, el motor (el Ejecutivo) corre sin control, y el volante (el Legislativo) está atascado, el sistema no solo se dirige a un accidente, sino que también desobedece las leyes de tráfico que el pueblo soberano estableció.
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