Reunión entre MP y AECID abrió conversación urgente: cómo usar cada euro para responder a demandas de pueblos indígenas y afrodescendientes.
En un salón que suele llenarse de expedientes y agendas, esta vez se sentaron historias de etnias.
Historias de mujeres indígenas que no denuncian por miedo, de comunidades garífunas que recorren años de burocracia sin una respuesta clara, de pueblos lencas y tolupanes que ven cómo sus derechos se diluyen entre trámites y demoras.
Por eso, cuando el Fiscal General Adjunto, Marcio Cabañas Cadillo, recibió al representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), José Tomás Moratalla, el ambiente cambió.
No hablaron solo de auditorías ni de montos: hablaron de vidas. De las etnias que más necesitan un Estado sensible y de una Fiscalía capaz de llegar donde antes no llegaba.
Fondo para etnias: recursos que intentan cerrar brechas
“Estos recursos nos ayudan a caminar mejor hacia la gente”, dijo Cabañas, consciente de que cada inversión debía tener un impacto directo.
Los 154,030.37 euros (alrededor de 4.6 millones de lempiras) asignados al proyecto se usarán para transformar lo esencial:
- Adecuar espacios dignos para recibir a víctimas de las etnias que antes eran atendidas en oficinas deterioradas.
- Comprar equipo informático que agilice investigaciones.
- Crear herramientas legales específicas para pueblos indígenas y afrodescendientes, donde los vacíos del sistema son más evidentes.
Para Irina Pineda Aguilar, del Departamento de Cooperación del Ministerio Público, este proceso implica reorganizar, priorizar y cuidar cada paso para garantizar transparencia.
“No se trata solo de ejecutar fondos; se trata de que las etnias tengan una institución que realmente les funcione”, expresó.
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Un protocolo que puede cambiar destinos
Uno de los esfuerzos más delicados y más urgentes es la elaboración del nuevo Protocolo de Investigación para casos de violencia contra mujeres indígenas y afrodescendientes.
Hasta ahora, muchas denuncias se perdieron en un sistema que no siempre entiende sus idiomas, sus prácticas, sus dinámicas comunitarias o la violencia estructural que las rodea.
El protocolo busca cambiar eso: investigar sin prejuicios, respetar la cosmovisión de cada pueblo y reconocer que la violencia contra mujeres de las etnias tiene particularidades que requieren preparación especializada.
Moratalla, desde la AECID, no ocultó la complejidad del proceso: “No es sencillo, pero es imprescindible”. Lo es porque cada caso bien investigado puede romper décadas de silencio.
El esfuerzo también incluye la divulgación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento que garantiza que las etnias deben ser consultadas de forma libre, previa e informada.
A pesar de su relevancia, en muchas comunidades recién ahora están escuchando que este derecho existe.
El fortalecimiento de la Fiscalía de Etnias no es una solución definitiva. Es un impulso clave. Un inicio necesario.
Y si ese inicio logra que una víctima garífuna encuentre justicia, o que una mujer lenca se atienda con respeto, entonces el esfuerzo habrá empezado a cumplir su misión: acercar el Estado a quienes más lo han esperado.
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