La defensa de los magistrados del TJE presentó una nueva nulidad para frenar lo que consideran medidas desproporcionadas del Ministerio Público.
La nulidad resonó el jueves 13 de noviembre de 2025, en los pasillos judiciales. Claudia Erazo, apoderada legal de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), regresó ante las máximas autoridades de justicia para interponer una segunda solicitud contra las medidas dictadas por el Ministerio Público (MP).
Esta vez, la acción busca frenar de inmediato las decisiones tomadas en contra de la magistrada Miriam Barahona.
Esta segunda nulidad, explicó la defensora, se sustenta en que las medidas promovidas por el MP “violentan principios constitucionales, tratados de derechos humanos, el debido proceso y normas internas”, argumentos que, según ella, obligan a revisar cada paso dado por los fiscales.
La nulidad y una acusación que sacude al sistema electoral
La investigación contra Barahona y el magistrado Mario Flores Urrutia surgió luego de que ambos ordenaran al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados.
Para el MP, esa decisión es una extralimitación de funciones y, por tanto, un presunto delito de prevaricato judicial.
La acusación recayó en la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales, que sostiene que las resoluciones del TJE contradicen la Ley Electoral.
Pero desde la defensa, Erazo insiste en que todo lo actuado por los magistrados se enmarca en sus atribuciones legales, motivo por el cual la nulidad es, según ella, no solo procedente, sino urgente.
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La falta de respuesta del juez natural aumenta la tensión
El 11 de noviembre, la defensa presentó la primera nulidad. Sin embargo, el juez natural asignado al caso aún no se pronuncia, a pesar de que la audiencia de declaración de imputado está programada para el 18 de noviembre.
“Vamos a comparecer, pero también vamos a presentar los recursos que correspondan”, advirtió Erazo.
Esa postura, deja claro que no permitirán que el proceso avance sin que se revisen las supuestas violaciones procesales.
Tanto Barahona como Flores reiteraron que acudirán voluntariamente, siempre que se respeten las garantías constitucionales. “Estamos esperando que las cosas se hagan conforme a derecho”, insistió la abogada.
Un choque institucional que pone a prueba la independencia judicial
El caso marca un punto crítico en la relación entre el Ministerio Público y los órganos electorales.
En medio de un clima político cargado de tensiones y sospechas, el respeto al debido proceso es un termómetro de la fortaleza democrática del país.
La Corte Suprema de Justicia citó a ambos magistrados el 18 de noviembre para rendir declaración por el presunto delito de prevaricato judicial.
Un paso que, para muchos, podría sentar un precedente de gran impacto en el funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar procesos electorales transparentes.
La batalla no es solo jurídica, sino también simbólica. La defensa insiste en la nulidad como herramienta para proteger el orden constitucional; el MP defiende su facultad de investigar.
Y mientras ambos tensan sus argumentos, el país observa cómo este caso podría definir los límites o los excesos de quienes administran justicia en tiempos electorales.
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