La organización exhorta a todos los actores a actuar con responsabilidad para garantizar la transparencia, la legalidad y el respeto a la voluntad popular.
A menos de dos semanas de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, la organización Transparencia Electoral presentó su Informe Preelectoral 2025, en el que advierte una grave crisis de gobernanza, tensiones entre los órganos electorales y riesgos de injerencia política, judicial y militar que amenazan la integridad de los comicios.
El documento recopila hallazgos obtenidos durante una misión realizada entre el 26 y el 29 de octubre, en la que sus representantes se reunieron con autoridades electorales, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.
Choque entre CNE y TJE genera retrasos e incertidumbre
El informe señala que el proceso electoral hondureño se desarrolla en medio de una confrontación sin precedentes entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Las tensiones internas, marcadas por la representación partidista, han provocado parálisis en decisiones clave y un retraso significativo del calendario electoral.
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A ello se suma la falta de aprobación del presupuesto para el TJE y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) tras el cierre de sesiones del Congreso Nacional el 31 de octubre, lo que podría limitar la resolución de apelaciones y la fiscalización del financiamiento político.
Injerencia judicial y presión militar preocupan a observadores
Transparencia Electoral advierte que el proceso enfrenta un patrón de judicialización e interferencias externas.
El Ministerio Público promovió un antejuicio contra dos magistrados del TJE y divulgó audios sobre un presunto plan de fraude electoral, acciones que partidos opositores y sectores empresariales calificaron como persecución política.
También genera inquietud la actuación de las Fuerzas Armadas, que solicitaron copias de las actas de cierre presidencial, una petición considerada inconstitucional por múltiples sectores, al exceder las atribuciones militares de seguridad y logística.
Avances técnicos opacados por controversias y falta de transparencia
El informe reconoce avances en la adjudicación de contratos para:
- Identificación biométrica del electorado (Smartmatic)
- Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) (Grupo ASD)
- Conectividad satelital (Consorcio Reytel-Ufinet)
Sin embargo, advierte que estos procesos estuvieron marcados por demoras, controversias internas y falta de publicidad completa de los contratos millonarios, lo que afecta la confianza ciudadana.
Además, la organización destaca que las pruebas técnicas, la conectividad y la logística operativa representan retos críticos que deben ser corregidos en los días previos a los comicios.
Fiscalización debilitada: solo 43% de sujetos obligados está acreditado
La Unidad de Política Limpia presenta uno de los mayores rezagos:solo el 43% de los sujetos obligados se ha acreditado para las elecciones generales, lo que evidencia una fiscalización limitada del origen y uso de fondos de campaña.
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Asimismo, varias organizaciones de la sociedad civil señalan que el nuevo Reglamento de Observación Electoral impone restricciones que consideran una forma de censura previa, al exigir entregar informes al CNE antes de su difusión pública.
Recomendaciones: independencia, transparencia y diálogo político
Transparencia Electoral emitió una serie de recomendaciones urgentes:
A las autoridades electorales
- Garantizar independencia institucional para evitar paralizaciones.
- Publicar toda la documentación relacionada con contrataciones electorales.
- Aplicar sanciones a quienes incumplen la rendición de cuentas.
- Asegurar la coordinación técnica inmediata para el funcionamiento del TREP y el sistema biométrico.
A los actores políticos y al Estado
- Evitar cualquier forma de injerencia judicial, política o militar.
- Que las Fuerzas Armadas se limiten a sus funciones constitucionales.
- Promover un clima de respeto y diálogo, sin discursos anticipados de fraude o triunfalismo.
- Que el Congreso apruebe los recursos pendientes para el TJE y la UFTF.
Un proceso en riesgo si no se corrigen fallas críticas
Transparencia Electoral concluye que el proceso electoral hondureño avanza hacia su fase final bajo serios riesgos derivados de la confrontación política, la falta de transparencia en adquisiciones tecnológicas, la débil fiscalización del financiamiento, y la intervención de actores externos en las funciones electorales.
La organización insta a todos los actores a actuar con responsabilidad para garantizar la transparencia, la legalidad y el respeto a la voluntad popular.
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