Contratos sin obras, licitaciones amañadas y favores políticos formaron un pacto silencioso que financió campañas y compró poder.
El informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) titulado: “De la narco-dictadura a la narco-impunidad”, publicado en febrero de 2025, describió un patrón claro y peligroso: el pacto narcopolítico permitió durante más de una década, que los cárteles hondureños construyeran alianzas profundas con gobiernos locales, funcionarios, diputados y operadores estatales, hasta convertir al Estado en una fuente de ingresos.
Pero no fue solo el informe del CNA. La Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), en su caso emblemático contra Los Cachiros, demostró con documentos, contratos y testimonios que la organización utilizó empresas de fachada.
De esta forma, ganó licitaciones millonarias, recibió contratos públicos y luego desvió ese dinero hacia lavado, compra de voluntades y financiamiento político.
Los Cachiros no solo traficaban cocaína: traficaban influencia, dicen analistas.
Pacto narcopolítico: obras fantasmas y contratos que nunca existieron
La investigación de UFERCO reveló cómo la empresa INRIMAR, vinculada a la red de Los Cachiros, recibió contratos millonarios para proyectos de infraestructura que jamás se ejecutaron.
Los expedientes detallan:
- Contratos otorgados sin capacidad técnica.
- Obras sin estudios, sin maquinaria y sin supervisión.
- Transferencias hacia cuentas vinculadas al lavado de activos.
- Mecanismos de simulación para reportar avances inexistentes.
Parte del dinero terminó en pagos a funcionarios, aportes a campañas políticas locales y financiamiento a redes criminales, según lo que declaró Devis Leonel Rivera en tribunales de Estados Unidos.
Estas obras fantasmas fueron, en realidad, cajas de financiamiento político disfrazadas de desarrollo.
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Financiamiento criminal: campañas sostenidas por dinero sucio
El CNA documenta que el financiamiento político con dinero ilícito fue una práctica extendida, donde el crimen organizado buscó asegurar protección, contratos futuros y favores institucionales.
Los Cachiros lo admitieron ante fiscales estadounidenses: pagaron sobornos a alcaldes, diputados, oficiales de policía, operadores judiciales y líderes políticos, a cambio de:
- Acceso a licitaciones públicas.
- Eliminación de órdenes de captura.
- Información sobre operativos.
- Contratos para construir carreteras, puentes o proyectos que nunca se ejecutaron.
En pocas palabras: compraron poder político usando fondos del mismo Estado que debía combatirlos.
El engranaje narcopolítico: así funcionó el pacto
Una máquina perfecta donde cada actor recibía su parte, menos la ciudadanía, que se quedó sin obras, sin servicios y sin justicia.
Las confesiones que lo cambiaron todo
Tanto en el juicio contra Devis Leonel Rivera Maradiaga como en el de Geovanny Fuentes Ramírez, Los Cachiros detallaron cómo funcionó su relación con el Estado hondureño.
Revelaron nombres, contratos, rutas y pagos. Contaron cómo buscaron alcaldes dispuestos a firmar proyectos que jamás se ejecutarían.
Y también, cómo utilizaron esos fondos para financiar campañas políticas que, una vez en el poder, garantizarían su protección.
Esas confesiones coincidieron con los hallazgos del CNA y con los expedientes de UFERCO.
El costo para Honduras
Las obras fantasmas no solo fueron estafas. Fueron la puerta de entrada a un pacto narcopolítico donde:
- La política dejó de servir a la ciudadanía.
- El dinero público terminó financiando el crimen.
- Las instituciones se volvieron herramientas del narco.
- La impunidad se volvió política de Estado.
Este capítulo representa una de las heridas más profundas en la historia reciente de Honduras: cuando el crimen encontró en el Estado no a un enemigo, sino a un socio.
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¿El país vive bajo ese pacto aún?
Hoy, aunque a muchos de los protagonistas los extraditaron, las estructuras y los métodos permanecen, dicen expertos.
El CNA advierte que las mismas prácticas pueden replicarse si no se desmontan los mecanismos de contratación pública y si no se transparenta el financiamiento político.
UFERCO, debilitada presupuestariamente, lleva casos a cuentagotas, pero los expedientes más fuertes: los de Los Cachiros, ya demostraron el modelo completo.
La pregunta ahora es si Honduras está dispuesta a romper con ese pacto de silencio, dinero y poder.