El oficial retirado Danilo Orellana y organismos internacionales critican el estado de excepción en Honduras por afectar la democracia en periodo electoral.
La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) emitieron alertas sobre la celebración de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre, luego de que el gobierno ampliara por 45 días más el estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022.
La medida, orientada oficialmente a reducir delitos como la extorsión cometidos por estructuras criminales, incluyendo maras y pandillas, fue prorrogada desde el 12 de noviembre hasta el 26 de diciembre.
Sin embargo, tanto la FIO como el Conadeh consideran que la continuidad de esta medida durante el proceso electoral puede generar un contexto de riesgo para los derechos humanos y la legitimidad democrática.
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En un comunicado, la FIO destacó que “todo proceso electoral constituye un momento clave para el fortalecimiento de la democracia, la legitimidad institucional y el ejercicio pleno de los derechos políticos de la ciudadanía“, por lo que su realización debe garantizar transparencia, participación libre y respeto a los derechos humanos.
La federación expresó su respaldo a las observaciones emitidas por el Conadeh, reconociendo su labor de seguimiento al proceso electoral desde un enfoque de derechos humanos.
Suspender el estado de excepción, el llamado del Conadeh
Por su parte, Blanca Izaguirre, titular del Conadeh, afirmó en el noticiero TN5 Matutino de Canal 5 que la institución ha sido “contundente” en rechazar la prolongación del estado de excepción, advirtiendo que se ha “desnaturalizado” la excepcionalidad que caracteriza esta figura legal.
Según Izaguirre, de los 19 decretos aprobados desde 2023, solo cinco cumplieron con los procedimientos establecidos por la Constitución y los estándares internacionales.
La comisionada enfatizó que la medida no ha demostrado ser efectiva en materia de seguridad, mientras que se han registrado más de mil quejas relacionadas con violaciones a derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, posibles ejecuciones extrajudiciales y maltratos a grupos vulnerables.
Izaguirre explicó que la recomendación del Conadeh es que el Estado se abstenga de prorrogar el estado de excepción durante y después del proceso electoral, y subrayó que “lo justo y lo correcto es suspender este estado de excepción en tiempo de proceso electoral, antes y después de las elecciones”.
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Según la comisionada, mantener la medida abre un espacio para violaciones graves a derechos fundamentales, especialmente en un contexto de crisis postelectoral.
“Inoportuno” el estado de excepción en tiempo electoral: Danilo Orellana
El comisionado de policía en condición de retiro, Danilo Orellana, coincidió en que la aplicación de los estados de excepción en este momento “no es oportuna”, y advirtió sobre los riesgos para la democracia.
“Hasta la ONU ha hecho críticas sobre esto y otros organismos internacionales han señalado que los estados de excepción se aplican ante calamidades o situaciones sumamente graves. Usarlos en época electoral va en contra de la democracia“, expresó Orellana en TN5 Matutino.
El abogado y exfuncionario de seguridad subrayó además que, desde un punto de vista jurídico, estas medidas podrían considerarse ilegales si no están debidamente ratificadas por el Congreso Nacional.
“El artículo 323 de nuestra Constitución establece que nadie está obligado a obedecer órdenes ilícitas. Aplicar estados de excepción en estas condiciones podría acarrear consecuencias graves para los funcionarios que los ejecuten”, afirmó.
Orellana destacó también fallas en los órganos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, que según él, han dificultado la efectividad de las medidas.
“El estado de excepción se ha implementado principalmente para combatir pandillas y grupos de extorsión, pero los órganos de inteligencia no han proporcionado información suficiente para realizar operativos específicos, lo que ha limitado su impacto”, explicó.
El estado de excepción seguirá vigente en 226 de los 298 municipios de Honduras.
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