Entre uniformes, insignias y juramentos, una parte de la policía hondureña sirvió a los cárteles mientras el país creía estar protegido.
Hubo un tiempo en que el uniforme de la Policía Nacional y de sus policías representaba respeto, autoridad y ley.
Pero los años demostraron que el crimen organizado se infiltró en la institución que debía combatirlo.
El informe De la narco-dictadura a la narco-impunidad, del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), expuso cómo exdirectores, jefes y agentes policiales se convirtieron en protectores del narcotráfico.
Fueron algunos uniformados los que garantizaron el paso seguro de cargamentos y ofrecieron información privilegiada a los cárteles.
Pero no solo el informe del CNA reveló cómo parte de la Policía Nacional actuó como protectora del narcotráfico.
Estados Unidos también acusó al menos a diez oficiales hondureños por colusión con los cárteles, y en los juicios se detalló cómo operaron junto a traficantes para resguardar rutas, cargamentos y contactos políticos.
Los nombres aparecieron en expedientes judiciales: Víctor López Flores, Carlos José Zavala Velásquez, Juan Manuel Ávila Meza, Ludwing Criss Zelaya, Mario Guillermo Mejía Vargas, Jorge Alfredo Cruz Chávez, Mauricio Hernández Pineda, Wilmer Alonso Carranza, Carlos Alberto Valladares Zúñiga y Juan Carlos Bonilla Valladares, exdirector de la Policía Nacional.
Las acusaciones internacionales terminaron de exponer lo que durante años se negó dentro del país: que una parte de la fuerza pública dejó de servir al Estado para servir al crimen.
La red de Policías que operó desde dentro
Se reveló que, mandos policiales como Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, Carlos Valladares, Mauricio Hernández Pineda, Juan Manuel Ávila y Ludwing Criss Zelaya, entre otros, formaron parte de la conspiración que protegía los envíos de droga hacia Estados Unidos.
En la Corte del Distrito Sur de Nueva York, testigos aseguraron que los narcos viajaron escoltados por patrullas policiales y que los agentes alertaron sobre retenes o movimientos del Ejército.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó que el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez recibió apoyo policial y militar para transportar cocaína por vía aérea y marítima.
Y durante el juicio contra Juan Orlando Hernández, el exalcalde Alexander Ardón declaró que la droga viajó “protegida por policías hondureños armados con ametralladoras”.
Los guardianes del orden se convirtieron entonces en garantes del crimen.
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Los asesinatos que sellaron el pacto del silencio
Los asesinatos del general Julián Arístides González, del analista Alfredo Landaverde y del fiscal Orlan Chávez fueron ejecutados con participación de miembros de la Policía Nacional.
Eran hombres que investigaron al narcotráfico desde adentro, y por eso murieron. Los expedientes judiciales muestran que los policías no solo protegieron a los capos, sino que colaboraron en eliminar a quienes se atrevían a denunciarlos.
Cada crimen fue un mensaje: el Estado perdió el control, y el miedo se convirtió en su nuevo lenguaje.
Una herencia que aún pesa sobre Honduras
A más de una década, las secuelas de aquella infiltración siguen presentes.Aunque se extraditaron y entregaron exoficiales y reformaron estructuras internas, la credibilidad de la policía no se recupera del todo.
El CNA advierte que los vínculos entre crimen y poder son difíciles de erradicar mientras no se castigue a quienes usaron el uniforme para delinquir.
Honduras vive las consecuencias de esos años: una ciudadanía desconfiada, una institución debilitada.
Además, de una justicia que aún no alcanza a quienes convirtieron la ley en negocio.
Porque cuando el crimen se infiltra en el uniforme, la justicia deja de proteger y empieza a servir al narco.
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