FIDH y OMCT advierten sobre riesgo de impunidad y cuestionan que dos procesados regresaron a Tocoa, donde permanece la familia y defensores.
Casi dos años después de que a Juan López lo asesinaran al salir de una iglesia en Tocoa, Colón, el caso que estremeció al movimiento ambientalista hondureño genera preocupación fuera del país.
Esta vez la alarma está puesta sobre las decisiones tomadas dentro del propio sistema de justicia hondureño.
Dos hombres procesados como presuntos autores intelectuales del asesinato dejaron la prisión preventiva y recibieron arresto domiciliario.
Uno de ellos, según organismos internacionales, cumple la medida en la misma zona donde reside la familia de Juan López y donde ocurrió el crimen.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), mediante el Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, reaccionaron desde Ginebra y París.
Las organizaciones advirtieron sobre una “amenaza de impunidad” en el caso y pidieron a la Corte de Apelaciones de Honduras revocar las decisiones que beneficiaron a dos de los procesados.
Pero la preocupación va más allá del destino judicial de los acusados: el Observatorio advierte sobre el riesgo que representa para familiares, víctimas y defensores ambientales de Tocoa.
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Caso Juan López: de la prisión preventiva al arresto domiciliario
El giro comenzó el 31 de julio de 2026. Ese día, la jueza Rosario Díaz Cruz sustituyó la prisión preventiva del exalcalde de Tocoa Adán Fúnez.
A Fúnez lo procesaron como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Juan López, y le dieron arresto domiciliario.
La resolución tomó en consideración su edad y presuntas enfermedades de base, de acuerdo con la información divulgada por el Observatorio.
Sin embargo, FIDH y OMCT ponen el foco sobre un detalle: sostienen que en la propia resolución se reconoce que no desaparecieron los presupuestos legales que originalmente llevaron a imponer la prisión preventiva.
Menos de dos semanas después ocurrió otro movimiento, el 13 de agosto, la misma jueza sustituyó también la prisión preventiva de Juan Ángel Ramos Gallegos por arresto domiciliario.
Según el Observatorio, tampoco en este caso cambiaron las circunstancias por las cuales inicialmente se ordenó mantenerlo en prisión.
La organización internacional agrega un elemento que elevó su preocupación: Ramos Gallegos cumple el arresto domiciliario en la misma zona donde vive la familia de Juan López.
Las víctimas apelaron ambas resoluciones y ahora será la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción Nacional la que deberá pronunciarse.
Tres capturas por el crimen
El proceso registró uno de sus avances más importantes apenas unos meses atrás en el caso.
El 12 de mayo de 2026, la Policía Nacional capturó a Adán Fúnez, Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, señalados por el Ministerio Público como presuntos autores intelectuales del asesinato.
Cuatro días después, tras una audiencia inicial que se prolongó durante más de 15 horas, los tres recibieron auto de formal procesamiento por asesinato y asociación para delinquir.
La jueza impuso entonces prisión preventiva. Fúnez, quien fue alcalde de Tocoa, también enfrenta procesos relacionados con presuntos actos de abuso de poder durante su administración municipal.
La modificación posterior de las medidas cautelares de dos de los tres procesados es ahora la que colocó nuevamente el expediente bajo observación internacional.
Un asesinato que trascendió las fronteras
Juan López era defensor del agua y del territorio e integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Fue asesinado el 14 de septiembre de 2024, cuando salía de una iglesia. Días antes exigió públicamente la renuncia del entonces alcalde Adán Fúnez, a quien señaló por presuntos actos de corrupción.
Su asesinato provocó condenas dentro y fuera de Honduras y puso nuevamente sobre la mesa los riesgos que enfrentan quienes defienden el ambiente y el territorio en el país.
El caso también recibió seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La contradicción que preocupa desde fuera
FIDH y OMCT reconocen que Fúnez y Ramos Gallegos están bajo un proceso penal y que el arresto domiciliario no los libera de los cargos.
Su cuestionamiento apunta a las consecuencias de sustituir la prisión preventiva y permitir su regreso a Tocoa.
El Observatorio considera que la situación genera riesgos para las víctimas y las personas defensoras de la zona.
Además advierte que el sistema de justicia hondureño podría estar reproduciendo patrones de impunidad observados en otros asesinatos de defensores de derechos humanos.
La preocupación cobra otra dimensión porque la familia de Juan López, integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y su equipo legal, el Bufete Justicia para los Pueblos, cuentan con medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Para las organizaciones internacionales, el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar su protección.
La presión ahora cae sobre la Corte
FIDH y OMCT pidieron protección inmediata para familiares, víctimas y defensores vinculados al caso.
Además solicitaron que se investiguen las decisiones judiciales adoptadas por la jueza Rosario Díaz Cruz.
También reclamaron a la Corte de Apelaciones resolver con rapidez los recursos interpuestos contra los arrestos domiciliarios.
Indicaron que solicitaron al Ministerio Público continuar las investigaciones para determinar la responsabilidad de todos los posibles autores intelectuales.
Así, mientras el expediente contra los acusados continúa abierto, el caso Juan López enfrenta ahora otro examen.
Ya no se observa únicamente quién ordenó y ejecutó el asesinato de aquel 14 de septiembre de 2024.
Desde fuera de Honduras también se observa qué hará la justicia con quienes están sentados en el banquillo por ese crimen.
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