La organización pidió al Ministerio Público investigar la legalidad de los decretos ejecutivos.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este lunes una denuncia ante el Ministerio Público contra funcionarios del Poder Ejecutivo y otras autoridades por presuntas irregularidades en ejecución del proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, en el Caribe hondureño.
Las Islas del Cisne fueron declaradas por ley como área natural protegida.
La acción legal fue interpuesta a través del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de la ASJ, que argumenta que el proyecto vulneró la normativa ambiental, omitió la consulta previa a comunidades locales y fue ejecutado mediante procedimientos de contratación opacos y contrarios a la ley.
El proyecto fue impulsado entre 2023 y 2024 bajo el Plan de Seguridad Nacional ‘Solución Contra el Crimen’. ASJ cuestionó que con los decretos aprobados para la construcción de la cárcel se habilitaron contrataciones directas y procedimientos excepcionales sin cumplir con la normativa ambiental ni de transparencia pública.
Falta de permisos
Según la denuncia, los estudios de viabilidad ambiental se realizaron en menos de una semana, sin respaldo técnico ni científico. Además, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) habría negado el acceso a los expedientes solicitados por la ASJ, incumpliendo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Pese a esas irregularidades, la Serna otorgó la licencia ambiental el 5 de julio de 2024, sin cumplir con los procesos de socialización ni consulta ciudadana.
A esto se suma que, tras tres licitaciones fallidas, la información del proyecto fue declarada bajo reserva, aunque el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) resolvió el 12 de septiembre de 2024 que no existían fundamentos legales para mantener esa clasificación.
La organización también denunció que se omitió la consulta previa, libre e informada a las comunidades garífunas, misquitas y de Guanaja. El único cabildo abierto realizado, el 6 de marzo de 2024 en Guanaja, reflejó un contundente rechazo ciudadano al proyecto.
ASJ fundamentó su denuncia en la Constitución de la República, la Ley de Transparencia, el Convenio 169 de la OIT y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, exigiendo el respeto al derecho a un ambiente sano y a la participación ciudadana.
La organización pidió al Ministerio Público investigar la legalidad de los decretos ejecutivos, requerir la documentación a las instituciones involucradas y ordenar la suspensión inmediata de cualquier acción de construcción en las Islas del Cisne, por considerarla incompatible con la protección ambiental y los derechos de las comunidades locales.