Estados Unidos planea localizar en Honduras a migrantes deportados con multas pendientes. La medida también alcanzará a personas en México y Guatemala.
Estados Unidos pretende extender el cobro de multas migratorias más allá de sus fronteras y, para ello, buscará localizar a migrantes hondureños que fueron deportados o salieron voluntariamente del país, pero que aún mantienen deudas pendientes con las autoridades migratorias estadounidenses.
La medida forma parte de un plan impulsado por el Gobierno del presidente Donald Trump, que busca contratar a una empresa privada para identificar, ubicar y notificar a estos migrantes sobre las sanciones económicas que aún adeudan.
La iniciativa también abarcará a personas que residen actualmente en México y Guatemala.
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De acuerdo con una convocatoria de contratación publicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la empresa deberá estar registrada en Estados Unidos y demostrar capacidad para localizar deudores en, como mínimo, Honduras, México y Guatemala.
Identificación de migrantes y modalidad de pago de multas
Una vez identificada la persona, la compañía tendrá la responsabilidad de informarle el monto de la multa y ofrecer alternativas para saldar la deuda, ya sea mediante un pago único, un acuerdo de cuotas u otro mecanismo autorizado. El pago podrá realizarlo el propio migrante o un tercero.
Como parte del proceso, la empresa también deberá comprobar ante las autoridades estadounidenses que encontró a la persona correcta. Para ello podrá recopilar evidencias como fotografías de la vivienda, facturas de servicios públicos, registros laborales o, en caso de fallecimiento, un certificado de defunción.
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La CBP estima que al menos 66,387 inmigrantes que fueron expulsados o abandonaron voluntariamente Estados Unidos mantienen multas civiles pendientes. En conjunto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calcula que estas deudas ascienden a unos 423 millones de dólares.
¿De cuánto son las multas migratorias?
Las multas fueron reactivadas por la administración Trump y se aplican por distintas infracciones migratorias, entre ellas incumplir una orden de expulsión. La sanción, establecida originalmente en 500 dólares diarios por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996, actualmente alcanza los 998 dólares por día tras los ajustes por inflación.
Aunque CBP ya trabaja con tres empresas privadas para recuperar este tipo de deudas dentro de Estados Unidos, hasta ahora ninguna había logrado localizar a un deudor en el extranjero. Con esta nueva contratación, la agencia busca ampliar esa capacidad y ejecutar directamente el cobro en Honduras, México y Guatemala.
Medida disuasoria
La iniciativa ha generado cuestionamientos sobre su viabilidad jurídica. Para Ángel Leal, abogado constitucionalista entrevistado por Noticias Univisión, la medida forma parte de una estrategia de disuasión migratoria.
“Es parte de una política inmigratoria, en mi opinión, de intimidación. Es un mensaje a las personas que están contemplando venir a Estados Unidos de que pueden enfrentar este tipo de consecuencias”, afirmó.
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