Según autoridades de gobierno no se trató de una devolución sino que se destinará el dinero en proyectos de otras áreas.
Honduras enfrenta una encrucijada crítica tras la revelación de que el Estado ha dejado de utilizar una suma millonaria de préstamos internacionales destinados al desarrollo del sector agropecuario, un rubro marcado por la sequía, la baja productividad y la falta de acceso a créditos para miles de productores.
En la emisión de Frente a Frente de este 4 de agosto de 2026, el debate se centró en la responsabilidad política y administrativa detrás de la pérdida de estos recursos. Los invitados para analizar esta problemática fueron la Laura Suazo, exsecretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), y José Benítez, coordinador interino de la unidad administradora de proyectos de la misma secretaría.
Desobligar o devolver: el matiz de una pérdida millonaria
El ingeniero José Benítez sostuvo que el término utilizado no es “devolver”, sino “desobligar”, un mecanismo que busca sanear la cartera de préstamos del país para que la Secretaría de Finanzas pueda reorientar esos espacios fiscales hacia otras prioridades como salud o infraestructura.
Según Benítez, la decisión se tomó tras un análisis detallado que reveló que los proyectos tenían un “70% del tiempo transcurrido y con menos del 25% de ejecución”, lo que hacía imposible cumplir con las metas antes del cierre de los convenios el próximo año.
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“Una vez hecho el análisis respectivo y ver que realmente no se va a poder ejecutar por cuestiones de tiempo, temas de que las cosas no se van a poder lograr. Entonces se decidió hacer la desobligación para que el gobierno pueda darle uso en otras fuentes, no es que se devolvió el dinero y ya”, explicó.
Por su parte, Laura Suazo contrastó esta visión, defendiendo su gestión como transparente y cuestionando los motivos de la actual administración para detener proyectos que, según sus cifras, iban en franco crecimiento.
Suazo argumentó que ella recibió los proyectos en un estado crítico de la administración anterior, con apenas un 3% de ejecución tras años de estar inmovilizados en Invest-H, y que bajo su mando se logró elevar la ejecución global de la SAG de 3,000 a casi 7,000 millones de lempiras.
Para la exministra, interrumpir un proyecto como CONRural 3, que cierra hasta 2027, es desatender sectores clave como la pequeña agricultura y la juventud rural.
El choque entre la burocracia sistémica y la capacidad gerencial
Un punto de fricción constante fue la capacidad de ejecución del Estado. Benítez fue enfático al señalar que, aunque el último año de Suazo fue bueno, se le evalúa por la totalidad de su periodo, donde los números reflejan una “baja ejecución” histórica.
Benítez defendió cambios drásticos en la estructura para evitar que esto se repita, afirmando que “esto no puede volver a pasar” y que mantener fondos inmovilizados acarrea cargas financieras y una mala calificación para el gobierno.
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Suazo respondió señalando que “los procesos son sumamente largos” y que el fracaso de los países a menudo radica en la falta de continuidad técnica cuando se cambia de gobierno por razones políticas.
Criticó la reducción de salarios al “personal calificado” que manejaba los proyectos, lo cual, a su juicio, provocó la fuga de talentos técnicos esenciales para la gestión de fondos multilaterales. Suazo subrayó que la ejecución no depende solo de la voluntad, sino de un sistema que demora meses en dar “luz verde” a los desembolsos.
En conclusión, mientras el ingeniero Benítez apuesta por un “saneamiento de la cartera” para mirar hacia el futuro con nuevos proyectos como Agriconect, la ingeniera Suazo sostiene que se ha cortado la trayectoria de un crecimiento real en el campo.
El debate deja en evidencia un “desajuste histórico” en la administración pública hondureña, donde la falta de ejecución sigue siendo la mayor debilidad para transformar el potencial agrícola en bienestar para el productor.
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