Desde 2014, Honduras ha extraditado al menos 64 connacionales, entre ellos expresidentes, diputados, alcaldes y jefes policiales.
Desde que en 2012 se reformó la Constitución para permitir que hondureños fueran extraditados, Estados Unidos asumió el rol que las instituciones nacionales no logran ejercer: juzgar a quienes movieron el poder desde la política, la policía y el narcotráfico.
A la fecha, 64 hondureños enfrentan procesos judiciales en ese país, según datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y de la Policía Nacional.
Esos extraditados incluyen al expresidente como Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por conspirar para traficar cocaína.
En cada caso, la justicia estadounidense es el escenario donde se ventilan los crímenes que Honduras no quiso o no pudo investigar: sobornos, asesinatos, colusión entre militares, policías y narcos.
Mientras allá se dictan condenas, aquí los expedientes duermen bajo el polvo del olvido.
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Los extraditados que nunca enfrentaron juicio en casa
La lista es larga y reveladora. Entre los extraditados se cuentan exdiputados como Fredy Renán Nájera, Juan Antonio Hernández y Midence Oquelí Martínez Turcios.
Alcaldes como Alexander Ardón, quién ya regresó al país tras nueve años en prisión, y Arnaldo Urbina.
Pero la lista incluye hasta un exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.
Todos fueron acusados de conspirar para traficar toneladas de cocaína, pero ninguno se procesó en Honduras.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en su momento señaló que este fenómeno refleja la incapacidad del Ministerio Público y del Poder Judicial para actuar ante estructuras de poder político y económico que operaron durante más de una década.
“Estados Unidos juzga lo que Honduras calla”, podría ser la síntesis más dura del informe de extradición que presentaron.
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El costo de depender de otro sistema judicial
La cifra de 64 extraditados debería ser un motivo de alarma, no de orgullo.Cada entrega representa un caso que el sistema judicial hondureño no investigó a tiempo, y un reflejo de la falta de independencia que aún persiste.
Mientras los juicios más emblemáticos se resuelven en Nueva York, Tegucigalpa sigue atrapada en una maraña de intereses políticos, temor institucional y corrupción endémica.
Para expertos como Kenneth Madrid, la pregunta es: “¿Seguirá Honduras dependiendo de los tribunales de otro país para juzgar sus propios crímenes?”.