Desde alcaldes extraditados hasta diputados condenados en EE. UU., el poder del narco tejió una red que amenaza la esencia de la democracia hondureña.
“En este país, el narco ya no teme a la política, la compra al mejor postor”, dice un agente antinarcóticos con más de dos décadas en operaciones encubiertas.
Ha visto cómo candidatos a alcaldías y diputaciones surgen de la nada con campañas millonarias y cómo, una vez electos, protegen las rutas de la cocaína como si fueran parte del Estado.
“Muchos creen que combatir el narco es enfrentar capos armados, pero la guerra real está en los despachos municipales y en el Congreso”, confiesa.
En Honduras, la relación entre política y narcotráfico no es nueva, pero hoy es más visible que nunca.
En los últimos años, los tribunales de Nueva York exhiben ante el mundo una trama de corrupción y narcotráfico que salpica a exfuncionarios, policías y figuras de poder que alguna vez juraron defender al país.
Casos como el del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado y declarado culpable por tráfico de drogas; el de su hermano Tony Hernández, condenado a cadena perpetua; o el del exdiputado Midence Oquelí Martínez Turcios, pendiente de sentencia por conspiración para distribuir cocaína, son solo parte de un engranaje mucho más grande.
El debilitamiento institucional del Estado, la corrupción endémica y la impunidad son el terreno fértil donde el narco se instaló, no solo como negocio, sino como estructura de poder político.
El narco infiltró la política hondureña
El patrón se repite elección tras elección: candidatos municipales o legislativos que surgen con financiamiento oscuro.
Campañas donde circula dinero proveniente de la droga y promesas de protección a cambio de votos.
Al igual que en Guatemala, donde a Mario Estrada lo capturaron tras negociar con supuestos emisarios del Cártel de Sinaloa, en Honduras la narcopolítica se formalizó en las urnas.
Las declaraciones de Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cártel de Los Cachiros, revelaron cómo empresarios y políticos recibieron dinero del narcotráfico a cambio de contratos y favores estatales.
En su testimonio, mencionó pagos a figuras públicas, y su relato marcó el inicio de una larga lista de colaboraciones entre criminales y funcionarios.
Erick Olson, del Wilson Center, señaló que “cuando el narcotráfico logra capturar al Estado, la democracia se vuelve una fachada”.
Su advertencia se cumple: el crimen organizado ya no busca sobornar, sino gobernar.
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Cooptación del Estado: el nuevo rostro del poder
La cooptación del Estado hondureño no se limita al Ejecutivo. Permeó el Congreso Nacional, los gobiernos locales y el sistema judicial.
La Unidad de Política Limpia, creada para supervisar el financiamiento electoral, reconoce limitaciones para rastrear dinero ilícito.
En paralelo, alcaldes de regiones estratégicas como Olancho, Colón, Copán y Yoro son investigados o señalados por vínculos con el tráfico de drogas.
El caso del exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, es emblemático. Durante años mantuvo control territorial con apoyo de grupos armados, hasta que lo condenaron por lavado de activos.
Su captura no desarticuló la estructura: otras figuras tomaron el relevo.
“En Copán, el legado de Los Valle Valle sigue latente, aunque sus líderes estén presos o extraditados. Las rutas, los contactos y la influencia política permanecen intactos”, dice un agente antinarcóticos.
Un pacto de impunidad que se mantiene
El Congreso hondureño, como antes el guatemalteco, también es escenario de pactos de protección.
Reformas judiciales que favorecen a funcionarios acusados, nombramientos estratégicos en la Corte Suprema y la manipulación de leyes para garantizar beneficios a ciertos sectores demuestran que el narco ya no es un actor externo, sino un socio del poder.
El politólogo David Martínez Amador resume la realidad con crudeza: “El crimen organizado no se infiltra; se sienta a la mesa del poder”.
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Cuando la democracia se vuelve rehén
La infiltración del narcotráfico en la política hondureña no solo corroe las instituciones; desmoraliza a una ciudadanía que ve desfilar a capos en traje y corbata.
El reto, coinciden analistas, es rescatar el Estado antes de que la narcopolítica termine de devorarlo.
Porque en Honduras, como dijo un funcionario de la ONU, “el problema no es que los narcos compren políticos, sino que los políticos se vendan tan barato”.