Sendas plantea que la reforma eléctrica no avanzará solo con una ley, sino con una autoridad capaz de ejecutarla y rendir cuentas.
La reforma eléctrica de Honduras necesita un responsable con poder real, liderazgo político y mandato claro para pasar de la discusión legislativa a una implementación efectiva, planteó Sendas Think Tank en una publicación sobre el proyecto que se debate en el país.
De acuerdo con el centro de pensamiento, el problema de fondo no se limita a que la iniciativa aún no reúna los votos necesarios en el Congreso Nacional, sino a la falta de una conducción clara para enfrentar una crisis marcada por pérdidas superiores al 38 %, una deuda de 4,500 millones de dólares y decisiones que deben sostenerse más allá de los cambios de gobierno.
“Sin un liderazgo claro, empoderado y con mandato real, la reforma no ocurrirá”, advirtió Sendas Think Tank, al señalar que el impasse legislativo es apenas un síntoma de un problema mayor: la ausencia de una figura responsable de hacer que la transformación del sector eléctrico avance.
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La organización recordó que Honduras ya tuvo una experiencia que demuestra que aprobar una ley no basta para reformar el sistema. Según Sendas, la Ley General de la Industria Eléctrica de 2014 incorporó elementos estructurales importantes, pero su implementación quedó incompleta por falta de consenso y conducción.
“Una ley puede ordenar el marco institucional, pero no reduce pérdidas, no profesionaliza juntas directivas, ni hace viables a las nuevas empresas”, sostuvo el centro de pensamiento.
Sendas pide una autoridad de implementación
Sendas Think Tank explicó que reformar el sector eléctrico exige coordinar decisiones financieras, regulatorias, operativas y de inversión en una secuencia que haga viable todo el proceso. Por ello, planteó que Honduras necesita una autoridad de implementación con mandato real para construir consenso político y ejecutar la reforma.
Esa figura, según la publicación, debería tener dedicación de tiempo completo, autonomía operativa, ausencia de conflicto de interés y rendición de cuentas directa ante el Presidente de la República y el Congreso Nacional.
“Honduras necesita una autoridad de implementación con mandato real para construir consenso político y ejecutar la reforma del sector”, señaló Sendas.
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El centro de pensamiento aclaró que esa autoridad no debe sustituir a las instituciones existentes ni absorber sus competencias, sino articularlas para convertir el conocimiento técnico en decisiones ejecutables. Su tarea sería ordenar prioridades, destrabar decisiones críticas, mantener coherencia entre los distintos frentes, corregir desvíos y rendir cuentas al país.
“Sin esa función, cada entidad avanza en su parte, pero nadie responde por el conjunto”, apuntó la organización.
Responsabilidad dispersa y falta de continuidad
Sendas también señaló que la responsabilidad sobre el sector eléctrico se encuentra actualmente dispersa entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la Secretaría de Energía y la Secretaría de Finanzas.
“No se trata de cuestionar capacidades, sino de reconocer una limitación estructural”, planteó Sendas, al advertir que quienes atienden la crisis diaria, regulan el mercado, fijan la política sectorial o administran las finanzas públicas difícilmente pueden asumir al mismo tiempo la transformación integral del sistema.
Para la organización, la reforma también necesita continuidad, porque los plazos del sector eléctrico no coinciden con los ciclos políticos. Sendas indicó que las gerencias de la ENEE han durado, en promedio, menos de 20 meses, mientras que una licitación de generación puede tomar hasta siete años desde la convocatoria hasta la entrada en operación de nueva oferta.
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Además, advirtió que el sistema requiere cerca de 900 millones de dólares en inversión en transmisión durante la próxima década y que las pérdidas de energía costaron más de 500 millones de dólares en 2025, según Sendas 2026.
Una unidad técnica no basta
Sendas reconoció que la propuesta de crear un Comité de Conducción y una Unidad Técnica de Implementación adscrita a la Secretaría de la Presidencia apunta en la dirección correcta, porque acepta que la reforma necesita coordinación desde el centro del gobierno.
Sin embargo, advirtió que una unidad técnica no basta para garantizar la ejecución. “La ley crea un espacio de coordinación, no asegura por sí sola la autoridad para implementar. Esa diferencia es decisiva”, señaló el centro de pensamiento.
Sendas también sostuvo que la cooperación internacional puede acompañar el proceso, pero no dirigirlo. “La cooperación internacional puede acompañar la reforma; no puede dirigirla”, remarcó la organización, al advertir que el apoyo externo puede fragmentarse si no existe una contraparte nacional fuerte, con prioridades claras y responsables definidos.
Finalmente, Sendas Think Tank concluyó que el nombramiento de la persona encargada de implementar la reforma será la primera prueba pública para conocer si el Ejecutivo trata el tema como una prioridad real o solo como un compromiso formal.
“La primera prueba pública de que la reforma no será una ley más será el nombramiento de quien responda por implementarla”, afirmó la organización.
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