El nuevo ajuste eléctrico entraría en vigor el 1 de julio y se aplicaría a usuarios de la ENEE durante julio, agosto y septiembre en Honduras.
La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) aprobó el martes un ajuste de 12.48% a la tarifa promedio de energía eléctrica que cobrará la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) durante el tercer trimestre de 2026, comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre.
Con esta decisión, el ente regulador autorizó la tercera revisión tarifaria del año, conforme al mecanismo de actualización trimestral establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica.
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El precio máximo promedio de la energía pasará de 5.32 lempiras por kilovatio hora (kWh) a 5.98 lempiras por kWh.
Durante el primer trimestre, la tarifa eléctrica promedio aumentó 4.11%, equivalente a unos 19 centavos por kilovatio hora. Posteriormente, para el segundo trimestre, el regulador autorizó un incremento de 10.49%, es decir, aproximadamente 0.51 lempiras por kWh.
Combustibles y mayor generación térmica impulsaron el ajuste eléctrico
La CREE explicó que la actualización tarifaria responde principalmente al incremento en los costos de generación, impulsado por el alza en los precios internacionales de los combustibles y, en menor medida, por el deslizamiento del tipo de cambio.
Según el organismo regulador, durante el período comprendido entre marzo y mayo de 2026, el precio promedio real del diésel fue 74.2% superior al previsto, mientras que el del búnker se ubicó 51.9% por encima de las proyecciones utilizadas para calcular la tarifa anterior.
A ello se sumó una demanda sostenida de energía durante esos meses, lo que obligó al sistema eléctrico nacional a recurrir con mayor frecuencia a generación térmica, una de las fuentes más costosas para abastecer el consumo.
Además, la CREE señaló que el lempira registró una depreciación de 0.41% frente al dólar, lo que elevó aún más los costos de adquisición de los combustibles utilizados para generar electricidad.
Como consecuencia de estos factores, la ENEE acumuló 113 millones de dólares en costos adicionales. No obstante, la estatal solicitó recuperar mediante la tarifa únicamente 64 millones de dólares durante este trimestre y diferir los 49 millones restantes para futuras revisiones tarifarias, petición que fue aprobada por la CREE.
Medidas de alivio para reducir el impacto tarifario
Como medida de alivio temporal, el Gobierno de Honduras anunció que absorberá parte del incremento mediante subsidios dirigidos a usuarios residenciales y pequeños comercios.
Los hogares con un consumo mensual de hasta 150 kilovatios hora recibirán un subsidio equivalente al 100% del diferencial tarifario, por lo que no asumirán el aumento aprobado para este trimestre.
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En tanto, los usuarios residenciales que consuman más de 150 y hasta 500 kilovatios hora obtendrán un subsidio del 50% sobre el diferencial tarifario.
Para los pequeños y medianos comercios con tarifa de baja tensión, el beneficio cubrirá el 100% del diferencial para consumos de hasta 1,000 kilovatios hora mensuales, mientras que aquellos cuyo consumo sea superior a esa cantidad y de hasta 3,000 kilovatios hora recibirán un subsidio del 50%.
Expertos advierten causas estructurales
Durante una entrevista en Hoy Mismo, el experto en energía de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Edgar Aguilar, explicó que el incremento obedece tanto a factores internacionales como a problemas estructurales del sistema eléctrico hondureño.
“El precio del petróleo ha tenido incrementos importantes en los mercados internacionales y cerca del 45% de la energía que consumimos todavía se genera con combustibles fósiles”, señaló.
Aguilar indicó que el impacto externo también se ve agravado por la forma en que opera el mercado eléctrico nacional.
“El desorden en la compra de energía de la ENEE hace que esos mayores costos terminen trasladándose a la tarifa que pagan los usuarios. Es necesario fortalecer la empresa y promover contratos de largo plazo que permitan adquirir energía a precios más competitivos”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que la situación financiera de la estatal limita su capacidad para negociar mejores condiciones de compra y obliga a depender en mayor medida del mercado de oportunidad, donde los precios suelen ser más elevados.
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