Detrás de cada cifra había una familia, una placa y una historia interrumpida. El informe del CONADEH reveló cómo la violencia golpeó a quienes debían combatirla.
Hubo una época en Honduras en la que los policías no solo perseguían criminales; también eran perseguidos por ellos. A lo largo de 2013, al menos 35 miembros de la Policía Nacional murieron de forma violenta.
No se trató de una masacre ocurrida en una sola noche ni de un ataque espectacular que acaparara titulares durante semanas. Fue algo más silencioso y persistente: una sucesión de asesinatos que, mes tras mes, llenó una lista de nombres que hoy permanece casi olvidada.
El informe sobre el estado general de los derechos humanos elaborado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) registró cada uno de esos casos.
El documento adviertió que la profesión policial era una labor de alto riesgo y que la inseguridad también golpeó a quienes estaban encargados de combatirla.
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Policías asesinados: una muerte cada pocas semanas
El año comenzó de manera brutal, solo entre enero y febrero asesinaron a doce agentes.
Solo en febrero se registraron siete víctimas y fue el mes más sangriento para la institución. Diciembre cerró con seis policías muertos y agosto con cinco más.
La violencia no dio tregua y mientras la población veía crecer los homicidios en las calles, dentro de las filas policiales también se acumularon los funerales.
Cada nuevo crimen significó una bandera doblada, una familia destrozada y compañeros que regresaron al trabajo sabiendo que podían ser los siguientes.
Los nombres detrás de la estadística
La lista recopilada por el CONADEH permite entender que aquellos 35 policías asesinados no eran simples números.
Entre las víctimas figuraron jóvenes que apenas comenzaban su carrera. Noé Fernando Anariba Cabrera tenía 20 años cuando lo mataron en San Pedro Sula.
Luisa Merari Antúnez Romero tenía apenas 21 años. Carlos Reinieri Rodríguez Palma tenía 23. Selvin Rolando Portillo y Darlin Wilfredo Arellano tenían 24 años.
También había veteranos con décadas de experiencia, como Marco Tulio Maldonado Duarte, de 55 años, y Rubén Rolando Méndez Montenegro, también de 55.
La muerte no distinguió edades, rangos ni años de servicio, a la mayoría los mataron con armas de fuego.
Otros murieron en circunstancias distintas, como accidentes de tránsito o atropellamientos.
Pero, el patrón dominante era claro: la violencia armada también perseguía a quienes portaron un uniforme.
Tegucigalpa y Cortés: los epicentros de la tragedia
La geografía de los asesinatos también cuenta una historia, por ejemplo, Tegucigalpa concentró 16 de las 35 muertes registradas.
Mientras que Cortés acumuló otras 10 víctimas, entre ambos territorios sumaron más de siete de cada diez casos reportados ese año.
Detrás aparecían Yoro, Colón, Atlántida, Copán, Comayagua, Olancho y Valle. La violencia contra los policías se extendía prácticamente por todo el país.
No era un problema aislado de una ciudad ni una racha pasajera, era el reflejo de una Honduras donde incluso los encargados de imponer la ley estaban expuestos a la misma violencia que sufrían los ciudadanos.
El uniforme no alcanzó para salvarlos
El propio informe señala que muchos policías vivían en zonas de alto riesgo y carecían de un verdadero régimen de seguridad social.
Mientras cumplían su labor en las calles, sus familias también quedaron expuestas a las amenazas que acompañaron el oficio.
La lista de los 35 quedó archivada en un informe de derechos humanos publicado hace más de una década.
Sin embargo, sus nombres retrataron una realidad que Honduras no logró superar por completo: la violencia no solo cobró la vida de ciudadanos comunes, empresarios, transportistas o periodistas.
También alcanzó a quienes alguna vez juraron protegerlos y porque detrás de cada nombre había una historia distinta, pero todos compartían algo en común: salieron de casa con un uniforme policial y nunca regresaron.
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