La nueva política de USCIS limita el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos y solo permitirá casos excepcionales.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió un memorándum que instruye a su personal a ser más estricto con los solicitantes de la tarjeta de residencia o green card.
La nueva política establece que la mayoría de las personas deberán regresar a su país de origen para tramitar su residencia permanente.
El ajuste de estatus dentro del país dejará de ser la norma y solo se aplicará en “circunstancias extraordinarias”.
La medida afecta a inmigrantes que ingresaron legalmente con visas:
- H-1B (trabajadores calificados)
- F-1 (estudiantes)
- B-1/B-2 (turistas o visitantes de negocios)
- Quienes tengan permanencia extendida o permiso humanitario
- También impacta a personas que han permanecido más tiempo del permitido y aquellas con parole humanitario.
El Departamento de Seguridad Nacional justificó la política señalando que permitirá que el sistema de inmigración funcione conforme a la ley y evite lagunas legales.
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¿Nueva medida contradice la ley?
Sin embargo, expertos en inmigración consideran que la medida contradice la legislación vigente. Raed González, abogado consultado por N+ Univision, explicó que la ley permite a los individuos que ingresan con visa o parole humanitario solicitar la green card desde dentro del país, siempre que haya una visa inmediata disponible.
“Este memorando contradice la ley; la ley dice bien claro que las personas que entran con visa o parole pueden arreglarlo en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar con esos casos? ¿Se va a ignorar esa sección de la ley? Yo no creo que vaya a ser así”, comentó González.
El abogado advirtió que la administración actual busca “apretar los requisitos para que los oficiales revisen todos los elementos que puedan afectar el caso”, incluyendo antecedentes criminales o la edad al momento de entrar al país.
Cada año, Estados Unidos otorga alrededor de 1 millón de tarjetas de residencia. Una parte significativa se destina a solicitudes basadas en lazos familiares, por lo que esos casos no se verían afectados por la nueva política.
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