Con las nuevas reformas se contempla el incremento de las penas para quienes cometan delitos como la extorsión en el país.
El Congreso Nacional de Honduras, en la Sesión Ordinaria de este lunes 18 de mayo, con el respaldo unánime de cinco bancadas legislativas, se aprobó en su totalidad el conjunto de reformas al Código Penal para endurecer las penas contra el delito de extorsión en Honduras.
Las reformas incorporan tres aspectos adicionales orientados a fortalecer las capacidades de seguridad, investigación y el control del sistema penitenciario en el país.
Creación de la Agencia Nacional contra el Crimen
Uno de los puntos aprobados incluye la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, una nueva entidad cuyo propósito será reforzar las labores de investigación y el combate a las estructuras del crimen organizado en el país.
Las autoridades estiman que esta nueva institución facilitará una mejor coordinación entre los organismos responsables de la seguridad y la inteligencia del país.
Fortalecerán el sistema penitenciario
Las reformas también incluyen el fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario (INP), una entidad que en varias ocasiones ha sido cuestionada por fallas en el control de los centros penales.
Las autoridades pretenden mejorar la gestión del sistema penitenciario y disminuir las actividades delictivas que, de acuerdo con investigaciones, aún se coordinan desde algunos centros carcelarios del país.
La extorsión continúa siendo uno de los delitos que más golpea a transportistas, comerciantes y pequeños negocios en diferentes zonas de Honduras.
La PMOP mantendrá su apoyo en tareas de seguridad
Otro de los puntos aprobados permite que las Fuerzas Armadas sigan brindando apoyo a la Secretaría de Seguridad mediante la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en tareas orientadas a la seguridad ciudadana.
Según explicó el diputado Marco Paz, las reformas contemplan el incremento de las penas de hasta 20 años de prisión para quienes incurran en delitos relacionados con dicho delito, así como sanciones para aquellas personas que hagan uso de uniformes o indumentaria policial con fines delictivos.
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