La Secretaría de Derechos Humanos, junto a Seguridad y Defensa, impulsa acciones focalizadas para evitar muertes violentas de mujeres.
El Gobierno decidió intervenir donde el problema golpea más fuerte: 30 municipios del país donde los femicidios se repiten con mayor frecuencia y donde, hasta ahora, la respuesta ha llegado tarde o no ha sido suficiente para evitar que las muertes se acumulen como una constante que ya no sorprende, pero sí expone una deuda persistente del Estado.
La secretaria de Derechos Humanos, Leda Pagán, anunció que en esos territorios ya se puso en marcha una estrategia que no parte de la improvisación, sino de un cruce de información con las autoridades de Seguridad y Defensa.
La idea es ubicar con precisión dónde están ocurriendo estas muertes violentas y actuar antes de que vuelvan a repetirse.
“Por instrucciones del presidente de la República (Nasry Asfura), retomamos las acciones con el Mecanismo de Protección y también con el Consejo que se encarga del seguimiento de la investigación de las muertes violentas”, afirmó.
El plan -asegura-, busca retomar estructuras que ya existen, pero que ahora se quieren empujar con mayor presión institucional.
Algunos de los 30 municipios donde se ejecutará esta estrategia son el Distrito Central, San Pedro Sula, Catacamas, Juticalpa, La Ceiba, Choluteca y Choloma, entre otros.
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Femicidios: prevenir o seguir lamentando
La funcionaria no esquivó el punto más incómodo: el Estado llega cuando ya no hay nada que hacer por las víctimas.
Esa realidad es la que obliga a cambiar el enfoque hacia la prevención, especialmente en zonas donde la violencia contra las mujeres ya tiene un patrón identificado.
“Buscamos la forma de prevenir el homicidio y no solamente de lamentar”, sostuvo.
Es una frase que resume el giro que se intenta dar, aunque también deja entrever que el sistema ha operado más como respuesta tardía que como barrera efectiva frente al crimen.
Pagán insistió en que la Secretaría de Derechos Humanos está presionando para que todas las instituciones involucradas asuman su parte en la estrategia.
La prevención, según dijo, no puede depender de esfuerzos aislados ni de discursos que se repiten sin resultados visibles.
Sin estado de excepción, pero con presión sobre el territorio
La estrategia, según explicó, no implica medidas que limiten derechos fundamentales, un punto que marcó distancia frente a otras acciones adoptadas por el Estado en materia de seguridad.
“Honduras no es una isla, somos parte de este flagelo que nos lleva a todos; sin embargo, estoy clara de que hay una estrategia para estos 30 municipios que está enfocada”.
Y agregó: “No es un estado de excepción, porque eso sí definitivamente limita los derechos y garantías fundamentales de los seres humanos”, concluyó.
Prevención, el enfoque
Mientras el Estado insiste en que esta vez el enfoque está en prevenir y no solo en reaccionar, el pulso de esta estrategia se medirá fuera del discurso.
Veremos si esos 30 municipios dejan de ser territorios donde las muertes de mujeres se repiten.
O si, como ocurrió antes, las cifras seguirán creciendo en Honduras más rápido que las respuestas.
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