A casi cuatro años, lo que más pesa no es solo la falta de respuestas, sino la persistencia del silencio.
Lo que ocurrió en la Academia Nacional de Policía (ANAPO) en septiembre de 2022 sigue envuelto en una neblina que el tiempo no logra disipar, aunque ya roza casi los cuatro años.
En septiembre de 2022, tres jóvenes aspirantes murieron tras colapsar durante una jornada de entrenamiento en el curso de oficiales auxiliares de la ANAP), en La Paz, en un hecho que hasta hoy no tiene una explicación concluyente.
Las familias recuerdan ese día con una precisión dolorosa. No fue una tragedia lejana ni un hecho aislado que el país olvidó por saturación de noticias.
Aquella jornada de entrenamiento terminó con tres jóvenes muertos: Kevin Mejía, Jairo Martínez Cruz y Ronald Javier Coello, así como decenas de aspirantes hospitalizados, pero desde entonces el caso parece haberse quedado atrapado en un punto muerto donde nadie responde y todo se diluye.
Fue un golpe directo, una muerte que llegó bajo el uniforme que prometía servir. Y sin embargo, lo que vino después no fue claridad, sino silencio.
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Han pasado casi cuatro años y el expediente no camina al ritmo que exige la gravedad del caso.
No hay responsables señalados, no hay sanciones, no hay una explicación concluyente que responda qué provocó las muertes ni por qué decenas de jóvenes terminaron con daños severos en su salud.
“Las autopsias no convencen, las diligencias clave no terminan de realizarse y la sensación de estancamiento se volvió permanente”, dice uno de los familiares.
La sospecha que nadie investiga a fondo
Para los familiares, el paso del tiempo no borra una idea que se repite con insistencia: aquí no solo hubo un exceso o un error.
“Aquí pudo haber responsabilidad directa dentro de la cadena de mando. Hablan de omisiones, de decisiones que se tomaron, o no se tomaron, y de autoridades que estaban obligadas a garantizar condiciones seguras”, dice otro de los familiares.
El silencio
A casi cuatro años, lo que más pesa no es solo la falta de respuestas, sino la persistencia del silencio.
No se trata de un retraso menor ni de un expediente complejo que requiere tiempo. Se trata de un caso que no se empujó con la urgencia que merece.
Porque cuando no hay avances, ni responsables, alguien queda fuera del alcance de la ley. Y cuando las instituciones no explican, lo que crece es la desconfianza.
El silencio, en este punto, deja de ser ausencia de información y se convierte en una forma de protección.
Y mientras eso no cambie, lo ocurrido en la ANAPO no será solo una tragedia del pasado. Será una deuda abierta que el Estado sigue sin pagar.
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