En el programa Frente a Frente de este jueves se analizó a profundidad la propuesta de reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal.
La Policía Nacional planea presentar ante el Congreso Nacional una propuesta de reforma al Código Penal de Honduras, con el objetivo de ampliar la tipificación de delitos y así fortalecer la responsabilidad penal para hacerle frente a las estructuras criminales que operan en el país.
En el programa de Frente a Frente de este jueves se analizó a profundidad la propuesta de reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal que la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, pretende presentar.
La iniciativa surge como una respuesta a la evolución de las maras y pandillas, que han pasado de ser delincuencia común a estructuras con un nivel “corporativo criminal” que ejercen una violencia sistemática y un control territorial que intimida a la población.
Lea además: Prisión a perpetuidad en Honduras: ¿cuándo se aplica y por qué?
Los invitados de hoy fueron el subsecretario de Seguridad, Rommel Martínez; el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional y diputado, Marco Paz; el diputado José Sabillón; el abogado Hermes Ramírez; y la defensora de derechos humanos de El Salvador, Bessy Ríos.
El tema a debatir fue “Debe Honduras seguir el modelo de El Salvador, con cadena perpetua y mano dura extrema contra el crimen o mantener un equilibrio entre seguridad y derechos”.
Según el subsecretario de Seguridad Rommel Martínez, el modelo operativo de seguridad debe cambiar para ser “muy intenso”, permitiendo capturar a todos los eslabones de la cadena delictiva.
“Esperamos que la Comisión de Seguridad del Congreso inicie ya los análisis de este contenido para que de inmediato podamos tener las adecuaciones”, dijo, dejando en claro que esta solo es una propuesta y que respetarán las modificaciones que hagan los diputados.
Algunas de las reformas al Código Penal que plantean son:
Art. 373: Ajuste al tipo penal de extorsión: amplía la persecución a toda la estructura criminal, incluyendo recolectores, financistas, red logística y operadores tecnológicos.
Art. 374: Agravantes específicas: establece penas mayores cuando se favorecen estructuras, se usan menores o armas, o se provoca el cierre de empresas.
Art. 375: Atenuantes específicas: permite la reducción de penas para quienes cooperen desde adentro para desarticular la red o devuelvan los fondos.
Art. 272, 473 y 522: Sanción a facilitadores: castigo directo por espionaje, revelación de secretos, uso indebido de uniformes policiales y falta de registro de clientes.
Art. 587: Asociación terrorista: reconocimiento jurídico de maras y pandillas como terroristas, permitiendo sancionar a ejecutores, dirigentes, promotores y financistas.
La propuesta también plantea algunas reformas al Código Procesal Penal como por ejemplo, la protección de las víctimas y testigos.
Declaratoria de organizaciones criminales como terroristas
El subsecretario, que fue quien explicó las generalidades de la propuesta, señaló que se le asignarán atribuciones al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). Según explicó, será el ente encargado de hacer la declaratoria de cuáles son las organizaciones criminales que calzan en un comportamiento de orden terrorista.
“Esto va dirigido a las maras y pandillas, a las organizaciones de crimen organizado transnacional y a la cuestión orientada a esquemas de narcotráfico. Estos son los altos enemigos del Estado, no son las personas, son los comportamientos que operan al margen de la ley”, apuntó.
En ese sentido, Bessy Ríos, advirtió sobre los riesgos de no especificar qué acciones se van a considerar terrorismo y recordó que en su país, esa misma figura generó controversia.
“Es importante establecer… Recordemos que el terrorismo o lo que se define como terrorismo es aquello que te causa terror. Terror te puede causar el cierre de una calle, ustedes deberían dejar bien clarito en su reforma que la protesta social no entra dentro de los términos de terrorismo“, señaló.
La defensora de derechos humanos dijo que si “le dejan a la discrecionalidad a un fiscal, a una comisión, a un juez, cualquier cosa puede ser terrorismo y ahí no deben de tener medias tintas”.
“Déjenlo bien clarito”, dijo mientras recordó que recientemente su país enfrentó una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ese tema.
La apuesta del gobierno, según el subsecretario, es recuperar la confianza ciudadana con resultados tangibles que quiten el dominio de los territorios a las estructuras criminales y lo devuelvan al Estado. De momento la reforma no ha sido enviada al Congreso Nacional.