Congreso autoriza compras directas de placas vehiculares para más de 800 mil autos sin identificación ante crisis que afecta a conductores en Honduras.
El Congreso Nacional de Honduras aprobó este jueves un decreto de emergencia que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Instituto de la Propiedad (IP), a realizar compras directas de placas vehiculares, con el fin de atender el desabastecimiento que afecta a más de 800,000 automotores en el país.
La iniciativa fue presentada por la diputada Gerlen Bonilla, del Partido Liberal, quien argumentó que la medida responde a una problemática que “la población ya no aguanta”, debido a multas constantes por circular sin placas o con permisos vencidos.
“Esto es responsabilidad del Estado. Consideramos que es una emergencia y se debe hacer una compra directa para dar una respuesta inmediata”, expresó la congresista durante la discusión del decreto, que fue aprobado por unanimidad en su momento, aunque posteriormente surgieron cuestionamientos de algunos diputados de Libertad y Refundación (Libre).
Bonilla señaló que la falta de placas ha derivado incluso en situaciones que calificó como “extorsión”, al sancionarse a conductores que únicamente portan permisos provisionales.
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“La población paga matrícula, por lo tanto, el gobierno debe garantizar la entrega de placas“, sostuvo.
Reglamento para compras directas de placas vehiculares
El decreto, que superó su tercer debate, incluye la creación de un reglamento que permitirá establecer mecanismos de veeduría y supervisión, los cuales estarán a cargo de una comisión especial del Congreso.
No obstante, la diputada reconoció que la ejecución y las garantías de transparencia recaerán en el Ejecutivo y el Instituto de la Propiedad.
Desde el hemiciclo también se destacó que esta medida busca resolver una crisis que se arrastra desde 2023, período en el que cientos de miles de conductores han debido circular con permisos de papel renovables cada 30 o 90 días.
Soluciones estructurales
El IP informó este mes que trabaja en soluciones estructurales para modernizar el sistema de placas vehiculares, incluyendo la incorporación de elementos tecnológicos de seguridad y la posibilidad de instalar una planta de fabricación en el país, según lo expuesto por su titular, Luis Torres.
Pese al respaldo mayoritario, voces críticas dentro del Legislativo advirtieron sobre los riesgos de las compras directas, recordando antecedentes de denuncias de corrupción en procesos similares durante administraciones anteriores.
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