La CorteIDH falla contra Honduras por afectar territorio y cultura de la comunidad garífuna en Cayos Cochinos: ¿qué medidas debe cumplir el Estado?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró este miércoles al Estado de Honduras responsable de violar los derechos de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros, al no garantizar la consulta previa, libre e informada y permitir un clima de hostigamiento que afectó su territorio, subsistencia e identidad cultural.
La comunidad garífuna de Cayos Cochinos se ha asentado históricamente en el archipiélago homónimo, donde su vida diaria, economía y cultura están estrechamente vinculadas al mar y a la pesca artesanal.
En 2023, la comunidad afectada presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que posteriormente lo elevó a la CorteIDH para su resolución final.
Procesos legales de garífunas para títulos de propiedad
Aunque la comunidad garífuna obtuvo títulos de propiedad plena sobre sus cayos entre 2006 y 2007 tras un proceso que comenzó en 2000, el Estado declaró y gestionó el área como protegida, creó y amplió el Monumento Natural Marino, aprobó planes de manejo, la Ley de Pesca y autorizó actividades turísticas y televisivas sin su participación ni consulta. Tampoco les otorgó facultades de administración sobre el territorio.
La CorteIDH concluyó que estas acciones violaron los derechos a la propiedad colectiva, participación, acceso a la información, identidad cultural, alimentación y la integridad personal de la comunidad.
La falta de investigación frente a amenazas y agresiones contra integrantes de la comunidad también constituyó una violación del derecho a la protección judicial.
Además, el tribunal destacó que la imposición de actividades turísticas y reality shows desde 2006 restringió temporalmente el acceso al territorio y afectó la pesca artesanal, vital para la subsistencia de la comunidad.
La ausencia de regulación y medidas preventivas, sumada a la exclusión de la administración del área protegida y la presencia militar, generó un clima de hostigamiento incompatible con el ejercicio de sus derechos culturales y alimentarios.
La orden de la Corte IDH a Honduras
El fallo ordena al Estado de Honduras garantizar la consulta previa, libre e informada, permitir la participación de la comunidad en la gestión del Monumento Natural Marino, investigar las denuncias, publicar la sentencia y pagar las indemnizaciones correspondientes por daños materiales e inmateriales.
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