Un juez modificó medidas y tipificación del delito a pareja acusada de abuso a menor de 14 años; Fiscalía anuncia apelación para mantener delito original.
Un juez de letras penal determinó el jueves 26 de febrero modificar las medidas y la calificación del delito contra una pareja acusada de presunto abuso sexual a una menor de 14 años en Tegucigalpa, informó el Poder Judicial.
Los imputados, Roger Leonel Ortiz Martínez y Kimberly Angely Amaya Mendoza, recibieron auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión, por suponerlos responsables del delito de estupro agravado.
La audiencia preliminar quedó programada para el martes 17 de marzo a las 9:30 de la mañana.
Originalmente, el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ), había presentado acusación por el delito de violación.
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Ante la modificación del juez, la Fiscalía anunció que apelará la decisión, argumentando que la calificación inicial reflejaba con mayor precisión la gravedad de los hechos y aseguraba una adecuada protección a la víctima.
Detalles del caso de presunto abuso a menor
Según la investigación del MP, los hechos ocurrieron el 14 de febrero de 2026, cuando la imputada habría llevado a su pareja a la vivienda de la menor, aprovechando la ausencia de sus familiares.
“Una vez en el dormitorio, la imputada le propuso a la adolescente realizar un trío, pese a la negativa de la ofendida, la mujer desnudó a la niña y Roger la agredió sexualmente”, señaló la Fiscalía.
Además, los imputados habrían utilizado sus teléfonos celulares para grabar el acto ilícito.
Víctima denunció a sus agresores
La denuncia se presentó el mismo día, lo que permitió a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) intervenir de inmediato, capturar a los sospechosos y decomisar los teléfonos.
La víctima se encuentra bajo protección constante y recibe atención especializada para garantizar su bienestar emocional y seguridad.
La Fiscalía buscará asegurar la detención judicial de los imputados para prevenir presiones sobre la víctima o testigos, garantizando un proceso transparente y riguroso.
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