La diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, presentó ante el Congreso Nacional, una iniciativa que busca bajar de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal.
La propuesta de reducir la edad punible en Honduras ha generado un fuerte rechazo entre defensores de derechos humanos, quienes consideran que la medida no resolverá el problema de la violencia en el país.
La diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, presentó ante el pleno del Congreso Nacional de Honduras una iniciativa que busca bajar de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal para delitos graves como homicidio, violación, extorsión, secuestro y vínculos con el crimen organizado.
Según la parlamentaria, las estructuras criminales se estarían aprovechando de la legislación actual para involucrar a menores en actividades ilícitas.
Sin embargo, especialistas y organizaciones de niñez han cuestionado la propuesta.
Reducir la edad punible no es la solución
El psiquiatra criminal Juan Carlos Munguía expresó su desacuerdo y advirtió que en Honduras existe “una tendencia a la violencia y nunca vamos a las raíces del problema”.
Además, cuestionó que se inviertan grandes sumas de dinero en castigar la violencia y no en analizar científicamente sus causas.
“Yo invitaría a la diputada a deliberar con nosotros para que tengan conocimiento científico de por qué Honduras protege a la niñez y tiene una razón neurobiológica”, señaló.
En la misma línea, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que bajar la edad de responsabilidad penal no es la solución a la violencia estructural que afecta al país.
La coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, Cándida Maradiaga, calificó como preocupante que cada cuatro años resurja el debate sobre reducir la edad punible.
Según datos del Conadeh, actualmente hay 149 niñas, niños y adolescentes privados de libertad en centros de internamiento, cifra que no representa ni el 1% de los adultos en el sistema penitenciario. La mayoría de estos jóvenes provienen de contextos de alta vulnerabilidad y exclusión educativa.
Menores no deberían ser encarcelados
Por su parte, Wilmer Vásquez, director ejecutivo de la Red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), manifestó que la niñez “se ha convertido en víctima del sistema” y que muchas de las conductas delictivas están relacionadas con entornos familiares marcados por violencia y vulnerabilidad.
“La privación de libertad debe ser la última medida a la cual se debe acudir”, enfatizó.
Vásquez explicó que actualmente se aplican medidas socioeducativas y recreativas, que permiten a los jóvenes permanecer en sus hogares bajo seguimiento de equipos multidisciplinarios para su rehabilitación y reintegración social.
Además, hizo un llamado al Legislativo a asumir su responsabilidad con mayor seriedad y priorizar propuestas que respondan a las verdaderas necesidades del pueblo hondureño.