Según denuncias de la Procuraduría General de la República (PGR), estas maniobras podrían drenar más de 3,000 millones de lempiras de las arcas estatales.
El Estado de Honduras se encuentra bajo un asedio financiero sin precedentes, producto de una red de corrupción que involucra a cuatro bufetes de abogados coludidos con funcionarios públicos para ejecutar embargos judiciales masivos en contra de la Tesorería General de la República.
Según denuncias de la Procuraduría General de la República (PGR), estas maniobras podrían drenar más de 3,000 millones de lempiras de las arcas estatales mediante el uso de “exhortos” falsos y la selección estratégica de juzgados en zonas de alto riesgo como Choluteca y Juticalpa.
Esta situación no solo evidencia fallos administrativos históricos, sino también la instrumentalización de la justicia para fines particulares, afectando directamente la capacidad del Estado para invertir en sectores críticos como salud y educación.
Ante este panorama, expertos subrayan la urgencia de implementar mecanismos de control rigurosos, como la digitalización de expedientes y la reactivación de un Consejo de la Judicatura autónomo que garantice la integridad de los procesos legales.
En el programa Frente a Frente de este jueves, se trató el tema: La institucionalidad habla de cuatro bufetes que estarían detrás de los embargos judiciales para afectar las finanzas del Estado. ¿Estamos frente a un esquema fraudulento… o ante el resultado de años de malas decisiones administrativas que ahora el Estado no quiere pagar?
Invitados: Olvin Rodríguez, profesional del derecho y José María Díaz, doctor en derecho laboral.
Perspectivas legales sobre la crisis institucional
Durante el debate, el abogado laboralista, Olvin Rodríguez calificó la situación actual no solo como una serie de errores administrativos, sino como verdaderos “horrores” que requieren una respuesta contundente de las instituciones.
Rodríguez enfatizó que el país se encuentra en una encrucijada moral y ética similar a situaciones históricas de lucha contra mafias organizadas.
” ¿Qué es lo que la sociedad hondureña está enfrentando o salvamos el gremio de los abogados por ejemplo o el gobierno o las instituciones proponen salvar a los implicados sean jueces sean abogados litigantes sean empleados de la fiscalía o de la procuraduría de finanzas del Banco Central donde sea si la sociedad puede salvar a estos señores haciéndose de la vista gorda… o las instituciones dicen ‘Vamos a tomar esto en serio y vamos a salvar a la sociedad al gremio al prestigio de la judicatura que esté en entredicho’.”, explicó Rodríguez.
El profesional del derecho también propuso la creación de un Centro Nacional de Conciliación, basándose en experiencias exitosas de países como Chile, México y Colombia, donde la resolución alterna de conflictos ha reducido significativamente la mora judicial y el impacto económico de las demandas.
Además, sugirió el nombramiento de una comisión de notables ad honorem para revisar las demandas y determinar cuáles son conciliables, evitando que los procesos sigan encareciéndose con el tiempo.
Por su parte, el doctor José María Díaz señaló que, aunque los embargos son una figura legal contemplada en la Constitución, su ejecución actual se ha vuelto sospechosa debido a la falta de expedientes o sentencias firmes en muchos casos.
Díaz destacó que el epicentro del problema muchas veces reside en funcionarios que realizan despidos sin seguir el debido proceso, lo que genera una “bomba de tiempo” financiera para el Estado.
“Esa solución sea un problema integral porque si no, (…), estamos en un círculo vicioso que cada 4 años volvemos a lo mismo la presidenta de la Corte en su informe en la iniciación de la legislatura mencionaba que las demandas laborales oscilan 6,000 demandas laborales cada año en una proporción o en un porcentaje 50% para la empresa privada 50% demandas contra el estado de Honduras”, indicó Díaz
También explicó que “ese porcentaje cada vez que hay cambio de gobierno oscila en un 20%, 80% de demandas que incrementan la carga laboral del juzgado del trabajo y un 20% para la empresa privada entonces si buscamos soluciones que solo vienen a apagar el fuego, no va a ser una solución integral y vamos a seguir repitiendo estos errores que son prácticas del pasado.”.
Propuestas de reforma y control
Díaz instó al Congreso Nacional a retomar el anteproyecto del Código Procesal Laboral para agilizar los juicios, que actualmente pueden tardar hasta 12 años en resolverse.
Asimismo, subrayó la importancia de la “acción de repetición”, establecida en el artículo 324 constitucional, para deducir responsabilidad civil a los funcionarios cuyas negligencias obliguen al Estado a pagar indemnizaciones millonarias.
Finalmente, ambos participantes coincidieron en que la solución debe ser estructural, incluyendo una reforma a la carrera judicial para evitar nombramientos por favores políticos y la creación de un Consejo de la Judicatura totalmente independiente.
Solo mediante un saneamiento ético y técnico del sistema se podrá evitar que el presupuesto nacional siga siendo visto como una “piñata” por redes criminales.
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