“Que mi hijo tenga un tatuaje no significa que sea delincuente”, argumenta la deportada que reclama un cupo para que sus hijos estudien.
Una madre recién deportada de Estados Unidos denunció públicamente que autoridades educativas de Santa Rosa de Copán se niegan a matricular a sus hijos en centros públicos de la ciudad, presuntamente debido a que uno de ellos tiene un tatuaje en la mano.
La denunciante, Erika Castillo, explicó que llegó hace pocos días al país junto a sus hijos tras permanecer más de siete años en Estados Unidos.
A pesar de que los menores nacieron en Honduras y cuentan con documentación escolar del extranjero, asegura que le han negado el acceso al sistema educativo.
“Mis hijos nacieron aquí y no se me hace justo que les nieguen el derecho a la educación“, expresó Castillo visiblemente molesta durante una entrevista difundida por medios locales.
Según su testimonio, acudió inicialmente al Instituto Álvaro Contreras, donde le indicaron que debía gestionar el proceso ante la Dirección Departamental de Educación. Sin embargo, afirma que en ambas instancias recibió una negativa.
“Me están pidiendo papeles apostillados de Estados Unidos, cuando yo vengo deportada y no tengo cómo regresar allá“, denunció.
Madre afirma que niegan matrícula por un tatuaje
Uno de los principales obstáculos señalados por la madre es que su hijo de 16 años tiene un tatuaje en la mano con un signo de dólar, lo cual, según le indicaron, genera dudas sobre su aceptación en el centro educativo.
“Que mi hijo tenga un tatuaje no significa que sea delincuente. Es un niño bueno, no drogas, no alcohol, nada“, afirmó.
Asimismo, argumentó que “en Estados Unidos es común que los jóvenes se hagan tatuajes y aquí me lo están usando como excusa“.
Castillo también cuestionó la falta de comprensión de los documentos escolares emitidos en inglés, pese a que sus hijos son bilingües.
“Si no entienden los papeles, mis hijos pueden traducirlos. Ellos hablan inglés y español perfectamente”, señaló.
La madre relató además que le sugirieron contratar un abogado para poder continuar el trámite, algo que considera imposible dadas sus condiciones actuales.
“No tengo ni para comprar comida, ¿cómo voy a pagar un abogado? Venimos deportados, sin dinero, con un trauma psicológico”, dijo.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades locales, departamentales y a otros padres en situación similar: “La educación es un derecho. Mis hijos tienen derecho a estudiar y no me voy a quedar callada“.
El caso ha generado reacciones en redes sociales, sin embargo, las autoridades de Educación no se han pronunciado al respecto.
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