La PGR propone una nueva Ley de Contratación del Estado con compras en tiempo real, control antisoborno y mayor fiscalización para frenar la corrupción.
La Procuraduría General de la República (PGR), informó este miércoles en Frente a Frente que presentó los avances de una agenda anticorrupción que incluye una nueva Ley de Contratación del Estado, elaborada junto al Consejo Nacional Anticorrupción y la Secretaría de Finanzas, y socializada recientemente ante el Fondo Monetario Internacional.
El procurador general, Dagoberto Aspra, explicó que el acercamiento con el FMI se dio tras detectar reformas estructurales en marcha.
“Me sorprendió de gran manera cuando nos invitan a reunirnos con el Fondo Monetario como Procuraduría a tratar temas que nunca han sido parte de la PGR”, relató Aspra.
Una agenda anticorrupción con respaldo político
Aspra recordó que la base de estas reformas es un memorándum de entendimiento impulsado por el Consejo Nacional Anticorrupción, firmado por cuatro candidatos presidenciales, entre ellos el actual mandatario.
“Hay 12 ítems: uno es la Comisión Internacional contra la Impunidad y los otros 11 corresponden a una estrategia nacional anticorrupción”, detalló.
Según el funcionario, esa hoja de ruta permitió construir propuestas legales orientadas a prevenir la corrupción, más que a reaccionar cuando el daño ya está hecho.
¿Cómo funcionaría la nueva Ley de Contratación del Estado?
La Ley de Contratación del Estado es la norma que regula cómo el Gobierno compra bienes, servicios y obras públicas.
En Honduras, este sistema ha funcionado de forma descentralizada, permitiendo que cada institución ejecute procesos de licitación, lo que ha abierto espacios a la colusión y al uso discrecional de fondos.
La propuesta actual plantea una transformación profunda: “Estamos transformando lo que es un CAE en una Agencia Normativa de Compras del Estado“, explicó Aspra, inspirada en modelos como ChileCompra y Compras RD.
El nuevo esquema contempla un portal interactivo en tiempo real, donde la ciudadanía podrá ver qué compra el Estado, a quién y a qué precio, además de un catálogo electrónico de productos, compradores y proveedores certificados.
Certificación antisoborno y control en tiempo real
Uno de los cambios más relevantes es la exigencia de certificación antisoborno para quienes contraten con el Estado.
“El proveedor que le venda al Estado de Honduras tendrá que venir con una certificación de cumplimiento antisoborno, bajo la norma ISO 37001”, subrayó Aspra.
Esta medida busca cerrar el paso a prácticas irregulares detectadas en compras públicas. “Hemos identificado colusión entre el sector privado y el Estado en las compras y contrataciones, y por eso vamos a blindar esa parte”, afirmó el funcionario.
Más fiscalización y acompañamiento
La reforma también se articula con el fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas. El presidente anunció la duplicación de su presupuesto, condicionado a tres ejes: investigación de enriquecimiento ilícito, preintervención en licitaciones y auditoría concurrente durante la ejecución de contratos.
“Son figuras que van a acompañar los procesos desde su inicio hasta su adjudicación y ejecución”, explicó el procurador.
Un cambio que va más allá de las leyes
Para el abogado Germán Leitzelar, la reforma legal es necesaria, pero insuficiente si no hay un cambio cultural.
“Tenemos una oportunidad de oro para darle vuelta de calcetín al país, pero no se trata solo de señalar al gobierno: la ciudadanía también tiene que cambiar”, reflexionó.
Leitzelar advirtió que la corrupción se ha normalizado en la vida cotidiana y llamó a rescatar la cultura cívica y el respeto al Estado de derecho.
El rol del Congreso Nacional
Desde el Legislativo, la diputada Merari Díaz respaldó la iniciativa y aseguró que el Congreso está abierto a aprobar proyectos que permitan “ordenar la casa para que el beneficio llegue al pueblo hondureño”.
La nueva Ley de Contratación del Estado deberá ser debatida y aprobada en el Congreso Nacional de Honduras, donde se definirá si Honduras avanza hacia un sistema de compras públicas más transparente y vigilado por la ciudadanía.
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