El Congreso aprobó retirar facultades administrativas a la presidenta de la CSJ, trasladando decisiones clave al pleno de magistrados.
El Congreso Nacional de Honduras aprobó este martes una reforma que limita las facultades administrativas de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), actualmente encabezada por Rebeca Ráquel Obando, trasladando dichas atribuciones al pleno de magistrados de manera colegiada.
La iniciativa fue modificada durante el debate legislativo y establece que, mientras no se nombren los integrantes del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, será el pleno de la CSJ el encargado de seleccionar, nombrar, ascender, trasladar y permutar jueces, magistrados, defensores públicos, supervisores y personal administrativo.
Debate acelerado y cuestionamientos
La moción para dispensar el segundo debate y pasar directamente al tercero fue presentada por el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, quien argumentó que en el Poder Judicial se estarían realizando nombramientos de jueces “al margen de la ley, sin concurso y a discreción”.
Según el legislador, la reforma a los decretos 282-2010 y 05-2011 busca corregir la concentración de “poderes extraordinarios” en una sola persona, señalando que las decisiones administrativas deben recaer en un órgano colegiado para garantizar transparencia y legalidad.
¿Cómo funcionarán las nuevas reglas?
El decreto aprobado establece que las facultades administrativas seguirán siendo ejercidas por la presidencia de la CSJ, pero únicamente previa aprobación del Plan Operativo Anual por el pleno de magistrados y con la obligación de rendir informes trimestrales.
Además, las decisiones solo serán válidas cuando cuenten con el voto favorable de al menos la mitad más uno de los magistrados que integran el pleno.
En el caso de procesos disciplinarios o despidos, el pleno deberá definir un mecanismo para que al menos tres magistrados propietarios conozcan y resuelvan dichos procedimientos.
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Rechazo desde Libre y advertencias legales
Durante la sesión, el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, presentó una moción de orden para frenar la discusión del decreto, la cual no fue respaldada por el hemiciclo legislativo.
Sandoval calificó la reforma como un “golpe de Estado” a la CSJ y advirtió que la medida requeriría una reforma constitucional, al considerar que se está violentando la normativa vigente por intereses políticos y partidarios.
Asimismo, exigió la creación de una comisión legislativa que dialogue directamente con el pleno de magistrados para impulsar de forma consensuada el Consejo de la Judicatura.
Posición de la presidencia del Congreso
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, recordó que el decreto 05-2011 ya contemplaba la creación del Consejo de la Judicatura como órgano responsable del personal y la administración del Poder Judicial.
Zambrano explicó que, tras declararse inconstitucional dicho consejo por razones políticas, se activó una disposición transitoria que otorgó de manera provisional las facultades administrativas a la presidencia de la CSJ, aclarando que la reforma aprobada ahora no tiene carácter constitucional, sino ordinario.