La propuesta presentada por el diputado del Partido Liberal, Francis Cabrera, ha desatado un intenso debate sobre la independencia judicial.
La institucionalidad hondureña se encuentra en un punto de ebullición tras la propuesta del Congreso Nacional de reformar el decreto 282-2010, una iniciativa, que pretende trasladar las facultades administrativas de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hacia el pleno de Magistrados.
El artículo 3 de ese decreto establecía: “Mientras se instala el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, se faculta al Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia para que conserve la facultad de seleccionar, nombrar y destituir a Jueces, Magistrados y personal administrativo de acuerdo en lo establecido en la Ley; asimismo la facultad de organizar y dirigir administrativamente al Poder Judicial”.
Las acciones legislativas actuales buscan despojar a la presidenta de la Corte, Rebeca Ráquel Obando, de la facultad de destituir o rotar a su libre albedrío a jueces y magistrados de las distintas cortes.
La propuesta de reforma presentada por el diputado del Partido Liberal, Francis Cabrera, ha desatado un intenso debate técnico y político sobre la independencia judicial y la separación de poderes en pleno febrero de 2026.
“Yo no he presentado esto con tintes políticos; esto no lleva nombre, esto es institucional. Yo sí creo que lo podemos cambiar”, dijo Cabrera.
Consejo de la Judicatura, el fantasma del pasado y el futuro legal
La existencia de un Consejo de la Judicatura es un mandato constitucional establecido en el artículo 317. El original se leía así: “Créase el Consejo de la Judicatura cuyos miembros serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia. La Ley señalará su organización, sus alcances y atribuciones. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados, descendidos, ni jubilados, sino por causas y con las garantías previstas en la Ley”.
El decreto 282-2010 introdujo una reforma al artículo 317 constitucional, para dar vida a una Ley de la Judicatura aprobada por dos terceras partes del Congreso. Además, fijó el mandato de los consejeros por cinco años pudiendo ser reelectos por un periodo más.
El Consejo de la Judicatura -entidad encargada de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial- entró en funciones en 2013 pero fue disuelto en 2016 tras escandalosos casos de corrupción y manipulación de plazas.
Su propósito principal era quitarle al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la potestad absoluta de nombrar o destituir jueces, otorgando esa facultad a un cuerpo colegiado.
En ese sentido, la situación actual obliga al país a decidir si retorna a un modelo colegiado con la participación de los 15 magistrados o si finalmente logra diseñar una entidad administrativa que, a diferencia del Consejo de la Judicatura anterior, sea inmune a los intereses partidarios y financieros.
La encrucijada es clara: reformar un decreto transitorio (el 282-2010) o legislar para una transformación profunda y permanente del sistema de justicia.
El dilema de los “injertos” constitucionales
Durante el foro Frente a frente, el doctor en derecho Joaquín Mejía lanzó una advertencia técnica rigurosa: cualquier cambio en la administración del Poder Judicial no puede ser un “parche” legislativo simple.
Mejía explicó que el decreto en cuestión es un “injerto constitucional”, por lo que su modificación exige seguir el proceso dictado por el artículo 373 de la Carta Magna: aprobación por 86 votos en la legislatura actual y ratificación en la subsiguiente.
“Para modificar ese injerto, el Congreso tiene que utilizar el mecanismo con cuidado para que no se muera”, sentenció Mejía, instando a evitar crisis de inconstitucionalidad por apresuramientos políticos.
Meritocracia frente a la “dedocracia”
Por su parte, la representación de los jueces en el panel puso el dedo en la llaga administrativa.
Ana Cardona, presidenta de la Asociación de jueces y magistrados, denunció que la falta de un órgano administrativo autónomo ha permitido una “dedocracia” que debilita la carrera judicial mediante nombramientos arbitrarios.
Para Cardona, la solución no es mover el poder de una oficina a otra dentro de la Corte, sino la creación urgente de un Consejo de la Judicatura independiente que funcione como veedor y garantice la meritocracia.
Riesgo de inviabilidad y politización
Por su lado, la magistrada Fanny Bennett advirtió sobre los peligros prácticos de cargar al pleno con tareas administrativas. Según Bennett, esto distraería a los magistrados de su función principal: impartir justicia.
Además, subrayó el riesgo de que el Poder Legislativo incremente su injerencia en el sistema judicial, proponiendo en su lugar trabajar en una ley estructural que proteja a los sectores más vulnerables del país.
“Hay una gran oportunidad el día de hoy para la sociedad hondureña. Nosotros tenemos un primer formato de lo que puede ser una ley del Consejo de la Judicatura y ante la intervención del abogado Francis Cabrera creo que se puede dar esa oportunidad de permitirnos como parte del Poder Judicial trabajar en temas estructurales de fondo”, indicó Bennett.
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