La presidenta hizo un llamado a los diputados y solicitó formalmente suspender la aprobación definitiva del proyecto hasta realizar una revisión técnico-jurídica integral.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, advirtió este lunes 16 de enero que despojarla de sus facultades administrativas plenas, como se ha planteado en el Congreso Nacional, representa un riesgo directo para la independencia del Poder Judicial y su funcionamiento efectivo, según un comunicado oficial difundido este día por el Poder Judicial.
En el documento, la titular del máximo tribunal reaccionó al proyecto de decreto que reforma el artículo 3 transitorio del Decreto 282-2010, que busca eliminar la discrecionalidad de la presidenta de la CSJ.
La presidenta dejó claro que el Poder Judicial “respeta plenamente la potestad legislativa del Congreso Nacional para crear, reformar y derogar leyes”, pero subrayó que esa facultad tiene límites constitucionales cuando una reforma impacta directamente la independencia y autonomía de otro poder del Estado.
¿Por qué la presidenta de la CSJ cuestiona el proyecto de decreto que busca quitarle las facultades?
Entre los principales señalamientos, cuestionó la coherencia del propio proyecto, asegurando que trasladar la toma de decisiones a los quince magistrados podría generar “un cuello de botella y retrasos en las funciones administrativas”.
Diputado de Libre respalda limitar discrecionalidad de presidenta de la CSJ
“El dictamen habla de ‘devolver facultades al pleno’; sin embargo, esa redacción genera ambigüedad sobre competencias, niveles de decisión y responsabilidades en el funcionamiento del Poder Judicial”, dice.
Asimismo, indicó que concentrar en el pleno decisiones sobre despidos, cancelaciones y traslados comprometería la imparcialidad y las garantías del derecho de impugnación, deteriorando la apariencia de independencia.
En el comunicado, la presidenta hizo un llamado a las y los diputados a redirigir los esfuerzos hacia una “verdadera solución de Estado” y solicitó formalmente suspender la aprobación definitiva del proyecto hasta realizar una revisión técnico-jurídica integral.
También propuso instalar de inmediato una mesa técnica interinstitucional con participación del Congreso, el Poder Judicial y especialistas en derecho constitucional y administrativo, así como impulsar la discusión y aprobación de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
Finalmente, el Poder Judicial reiteró su disposición al diálogo, pero afirmó que no puede acompañar una aprobación acelerada de una reforma con “riesgos estructurales no resueltos”, ya que, a su juicio, comprometería la seguridad jurídica y la estabilidad democrática del país.