La Fiscalía de Derechos Humanos presentó requerimiento fiscal contra una doctora señalada de hostigamiento y tratos degradantes en 2022.
Una doctora es acusada por el presunto delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes en perjuicio de una profesional que cursaba el postgrado de Otorrinolaringología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) durante 2022, según el requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos (FEDH).
La imputada fue identificada como Diana Vanessa Sierra, quien en ese momento se desempeñaba como coordinadora académica de la especialidad.
De acuerdo con el expediente, la afectada, Enid Valle, habría sido sometida desde el inicio del programa a un trato desigual, despectivo y humillante.
Según la acusación, en noviembre de 2022 la situación se agravó cuando la coordinadora intentó expulsarla bajo el señalamiento de negligencia médica por la supuesta muerte de un paciente. No obstante, la investigación fiscal determinó que esa afirmación era falsa, ya que el paciente ya se encontraba sin vida.
El documento oficial sostiene que la alumna fue sometida a varias audiencias de descargo en un contexto que, según, buscaba afectar su trayectoria profesional.
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Antecedentes y consecuencias del caso
El requerimiento también documenta que la acusada habría difundido una fotografía privada de la víctima, lo que dio lugar a un proceso penal por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Por ese hecho, Sierra fue condenada en 2025.
La Fiscalía señala que, como consecuencia de los presuntos actos de hostigamiento, Valle no logró concluir su especialidad. Además, se reportaron afectaciones a su salud psicológica, extremo que fue corroborado mediante evaluaciones practicadas por la Dirección General de Medicina Forense (DGMF).
El órgano acusador indicó que la conducta atribuida se enmarca en el artículo 217 del Código Penal vigente, que tipifica los tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por funcionario público. La FEDH está a la espera de que el órgano jurisdiccional cite a la imputada para continuar el proceso judicial.
¿Qué establece el delito de tratos crueles?
El Código Penal (Decreto 130-2017), en el apartado de delitos contra la integridad moral, sanciona a los funcionarios o empleados públicos que, abusando de su cargo, sometan a una persona a tratos que no constituyen tortura, pero que implican sufrimiento físico o mental innecesario.
La norma define como crueles aquellos actos que generan sufrimiento injustificado; inhumanos, los que causan daño físico o psíquico grave o atentan contra la dignidad; y degradantes, los que buscan humillar o generar miedo en la víctima.
La pena establecida es de dos a cuatro años de prisión, además de inhabilitación especial para ejercer cargo público por un período equivalente al doble de la condena impuesta.
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