Informes oficiales y testimonios revelan cómo bienes incautados al crimen terminaron deteriorados, sin subastas y sin generar recursos para Honduras.
Durante años, Honduras decomisa casas, fincas, hoteles, vehículos, joyas y cuentas bancarias al crimen organizado con una promesa clara: convertir ese patrimonio en recursos para fortalecer la seguridad, la justicia y los programas sociales. Pero esa promesa quedó atrapada en bodegas, expedientes incompletos y procesos que nunca avanzaron.
El exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Zelaya, quien encabezó la institución durante 22 meses, en la administración de la presidenta Xiomara Castro, hizo una admisión contundente en conversación con tunota.com: “No se hizo ninguna subasta”.
Esta parálisis, que ya suma casi tres años, la reafirma el exinterventor Rigoberto Portillo, quien califica la situación como una “inmovilidad absoluta” que condena al patrimonio a un naufragio financiero sin precedentes.
Hoy, buena parte de esos bienes forman un silencioso “cementerio de lujos”: propiedades abandonadas, automóviles deteriorados y activos que, lejos de beneficiar al país, se convirtieron en pérdidas acumuladas.
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OABI y la auditoría del TSC: una radiografía de un sistema sin control
En noviembre de 2023, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) concluyó una investigación especial sobre la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), correspondiente al período 2018–2021.
El informe dimensionó por primera vez la magnitud del problema. El informe N° 001/2023-DFBN-OABI es una radiografía del mal manejo administrativo.
Según la auditoría, la falta de subastas y de un plan de mantenimiento provocó que vehículos de lujo, asignados a instituciones como Seguridad y COPECO, sean hoy catalogados como “material inservible y chatarra”.
La fiscalización detectó que el 100% de los bienes inmuebles inspeccionados sufren un deterioro progresivo por falta de custodia, permitiendo que delincuentes y el clima desmantelen lo que alguna vez valió millones.
Durante ese período, la OABI recibió 12,323 bienes incautados y decomisados en todo el país. Para su revisión, los auditores analizaron una muestra de 2,443 bienes a nivel central, además de 398 adicionales, que incluían 50 inmuebles, 110 vehículos, 1,759 piezas de joyas y 233 armas. También se evaluaron 79 bienes propios de la institución.
Detectaron vehículos prestados a instituciones sin pólizas de seguro ni respaldo presupuestario para su mantenimiento. Encontró inventarios desactualizados, fuera del sistema nacional de bienes, y joyas sin avalúo ni custodia financiera.
En las inspecciones físicas, algunas armas decomisadas no fueron localizadas. El documento advertía riesgos administrativos, civiles y penales. Era una alerta formal sobre un sistema que estaba fallando.
Años sin subastas: mecanismo que no funcionó
A pesar de ese diagnóstico del TSC, así como del informe presentado por la Comisión interventora en el 2023, los problemas no se corrigieron.
Rigoberto Portillo, reconfirmó que durante los últimos años no se realizó ninguna subasta de bienes. “Ni una sola”, sostiene.
La subasta era el principal mecanismo para transformar propiedades incautadas en ingresos líquidos para el Estado. Sin ella, los bienes quedan detenidos en el tiempo, pierden valor y se convierten en pasivos.
3,000 bienes en el limbo y pérdidas de L300 millones
La falta de subastas fue solo una parte del problema. Según Portillo, la comisión interventora encontró cerca de tres mil bienes sin arrendar, pese a existir cientos de solicitudes de personas interesadas.
Se trataba de hoteles, gasolineras, centros comerciales, casas, apartamentos y locales comerciales con potencial para generar ingresos mensuales. Sin embargo, permanecieron cerrados o subutilizados.
“El Estado está perdiendo millones”, afirma el exinterventor. Se estima que existen al menos 300 millones de lempiras en bienes listos para la venta que duermen el sueño de los justos, mientras la OABI recibe semanalmente nuevos activos que simplemente se apilan en el inventario del olvido.
Cuentas dispersas y dinero inmóvil en el sistema bancario
El problema no se limitó a los bienes físicos. Portillo asegura que durante la intervención encontraron cientos de cuentas bancarias dispersas en distintas instituciones, con montos acumulados que generaron intereses mínimos.
Ese dinero provenía de cuentas aseguradas judicialmente y estaba bajo administración estatal. La comisión propuso centralizarlo, transparentar su manejo y buscar mejores rendimientos mediante concursos bancarios.
También planteó un esquema de reinversión para fortalecer la institución. Nada avanzó. Los recursos quedaron inmóviles, sin una estrategia clara.
Devoluciones incompletas y demandas latentes
Durante el período de intervención se realizaron once devoluciones de bienes ordenadas judicialmente. Sin embargo, muchas no se restituyeron en su totalidad.
En varios expedientes, los beneficiarios recibieron únicamente lo que pudo localizarse. “Les decíamos que hicieran sus inventarios y que, si querían demandar al Estado, lo hicieran”, relata Portillo.
Esa situación abre la puerta a nuevos litigios. Existen antecedentes de demandas millonarias contra Honduras por mal manejo de bienes incautados, incluso en instancias internacionales.
Pero, exponer estas fallas tuvo un costo personal. Rigoberto Portillo enfrenta actualmente un proceso penal. Él sostiene que las acusaciones surgieron tras denunciar irregularidades internas y oponerse a operaciones que consideró ilegales.
Afirma que entregó a la Presidencia un diagnóstico institucional, un análisis FODA y propuestas de reestructuración, sin obtener respuesta.
En noviembre de 2023 presentó su renuncia formal, alegó que era imposible continuar en una institución donde, según su versión, “persistían abusos de autoridad y prácticas irregulares”.
Hoy se defiende ante los tribunales, mientras insiste en que su trabajo fue advertir, documentar y proponer soluciones.
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Una institución atrapada entre alertas y abandono
La OABI nació en 2012 con un objetivo estratégico: debilitar económicamente al crimen organizado y convertir sus bienes en beneficios para la sociedad. Pero el informe del TSC mostró que esa misión está en riesgo. Los testimonios posteriores indican que las correcciones nunca llegaron con la fuerza necesaria.
Entre 2018 y 2021 se documentó el deterioro. En los años siguientes, según exfuncionarios, persistió la inmovilidad. En ambos períodos, el denominador común fue la falta de decisiones estructurales.
Incluso, propuestas para cerrar y reformular la institución, crear una entidad autónoma y modernizar sus procesos quedaron archivadas.
Los 360 millones de lempiras que podrían financiar hospitales o patrullas están, literalmente, deshaciéndose en predios llenos de maleza y oficinas llenas de expedientes sin respuesta.