A diecisiete meses del asesinato del defensor ambiental en Tocoa,la deuda mayor sigue intacta: identificar a quienes ordenaron callarlo.
El calendario volvió a marcar otro mes sin Juan. Diecisiete meses desde aquella noche en que los disparos apagaron la vida de Juan López frente a una iglesia en Tocoa, Colón.
Diecisiete meses desde que el Bajo Aguán perdió a una de sus voces más firmes en defensa del río Guapinol y del territorio.
El juicio contra los presuntos autores materiales está previsto. Tres hombres permanecen en prisión preventiva y enfrentan el proceso en los tribunales hondureños.
Pero mientras el expediente avanza en lo formal, la pregunta que pesa en la conciencia colectiva sigue sin respuesta: ¿quién ordenó el crimen?
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Juicio por el asesinato de Juan López: avances limitados
El 2 de septiembre de 2025 el caso se elevó a juicio oral y público, luego de múltiples suspensiones en la etapa preliminar. Informes técnicos pendientes, peritajes telefónicos retrasados y audiencias diferidas marcaron un camino judicial accidentado.
Las autoridades han hablan de “avances significativos”. Sin embargo, esos avances se concentran en los ejecutores, no en la estructura detrás del asesinato.
En una región históricamente golpeada por conflictos agrarios, intereses extractivos y violencia estructural, la captura de sicarios no basta para desmontar redes de poder.
López contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La protección, sin embargo, no evitó que lo asesinaran. Esa omisión estatal es hoy parte del debate público y del reclamo persistente de justicia integral.
Autores intelectuales: la deuda pendiente del Estado
En Honduras, la impunidad suele tener dos tiempos: el inmediato y el estructural. El inmediato captura a quienes disparan.
El estructural protege o diluye la responsabilidad de quienes ordenan, financian o se benefician del silencio.
A diecisiete meses, no hay imputaciones públicas contra autores intelectuales. “Las líneas de investigación que podrían conectar el asesinato con denuncias ambientales o conflictos económicos no han sido transparentadas ante la sociedad”, dicen desde el Comité de Bienes Comúnes en Tocoa.
Organizaciones nacionales e internacionales insisten en que el caso debe investigarse bajo el enfoque de crimen contra defensor de derechos humanos, lo que obliga a explorar el contexto de sus denuncias, amenazas previas y posibles beneficiarios del ataque.
Porque cuando se mata a un defensor ambiental, no se trata solo de un homicidio: se trata de un mensaje.
El Bajo Aguán y la memoria que resiste
En el Valle del Aguán, donde la historia reciente acumula decenas de asesinatos ligados a disputas por tierra y recursos, la muerte de Juan López no es un hecho aislado. Es parte de una geografía del miedo que aún no ha sido desmontada.
Cada mes, familiares y compañeros lo recuerdan en el mismo sitio donde cayó. No es solo un acto simbólico; es una forma de presión social para que el caso no se archive en el olvido.
“Sin justicia no hay paz”, repiten. Y la justicia, en este caso, no será completa mientras no se conozca quién dio la orden.
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