En 12 días se han embargado L3,380 millones, dijo el presidente Nasry Asfura; advierte que cada alcalde debe responder por su gestión y deudas financieras
El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, alertó este sábado que en apenas 12 días de su Gobierno enfrenta más de 3,380 millones de lempiras por demandas y embargos, afectando pagos prioritarios como salarios, medicinas y servicios básicos en alcaldías e instituciones públicas.
Tras una reunión estratégica con la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), el mandatario centró su mensaje en la crisis que enfrentan varias municipalidades por embargos judiciales que, según dijo, deben cumplirse, pero bajo un procedimiento ordenado y respetando la ley.
Asfura sostuvo que el Gobierno no puede seguir asumiendo responsabilidades financieras que corresponden directamente a las alcaldías.
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“Cada alcalde debe ser responsable de su municipio y manejo financiero”, afirmó, al defender un modelo de descentralización que permita a los municipios negociar directamente con la banca privada sin intervención del Ejecutivo.
“El papá Gobierno no puede seguir manejando a las alcaldías”, enfatizó Asfura.
El gobernante explicó que en su administración se han ejecutado débitos por alrededor de 3,380 millones de lempiras, recursos que salieron directamente de la Caja Única del Estado. “Hemos dejado de pagar medicinas, oxígeno, planillas a doctores y maestros”, advirtió.
Alcaldías bajo presión financiera
Al menos seis alcaldías del país, principalmente en Olancho y Choluteca, enfrentan embargos que superan los 1,000 millones de lempiras en conjunto, mientras que a nivel nacional las demandas laborales han provocado ejecuciones por más de 3,000 millones en apenas diez días del gobierno de Asfura.
El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, calificó la situación como “un ataque sistemático al Tesoro de la República”, al advertir que la velocidad de los embargos no es normal y pone en riesgo la operatividad estatal.
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La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, sostuvo reuniones con magistrados de la Sala Laboral, Finanzas y el Banco Central para revisar el procedimiento de ejecución de estas demandas y posibles irregularidades.
En el caso de la alcaldía de El Corpus, Choluteca, el embargo supera los 65 millones de lempiras, equivalente a casi tres años de su presupuesto operativo.
El Ministerio Público realizó allanamientos este sábado para recuperar documentación municipal presuntamente sustraída de la municipalidad, en una investigación que podría derivar en responsabilidades penales contra exfuncionarios.
“Hay que cumplir, pero con orden”, dice Asfura
El presidente fue enfático en que no se trata de desconocer órdenes judiciales. “Claro que hay que pagar cuando hay una orden de un juez, pero debemos hacerlo ordenadamente”, señaló, al citar el artículo 313 de las disposiciones presupuestarias, que establece la obligación de notificar antes de ejecutar un embargo.
También cuestionó que muchas demandas incluyan reintegros, salarios caídos por varios años y ajustes salariales acumulados, lo que multiplica el impacto financiero tanto para el Estado como para las municipalidades.
Retorno al CIADI y seguridad jurídica
En materia de inversión, el mandatario Nasry Asfura anunció que el próximo 6 de marzo Honduras firmará en Washington su retorno al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), mecanismo adscrito al Banco Mundial para la resolución de controversias entre Estados e inversionistas.
“El fortalecimiento institucional y el respeto a las leyes son fundamentales para que la gente confíe en Honduras”, expresó, al asegurar que el regreso al CIADI enviará una señal de seguridad jurídica a inversionistas nacionales y extranjeros.
Asimismo, informó que se conformará una comisión para abordar en Estados Unidos el tema de aranceles del 10% y 25%, en busca de acuerdos que mantengan la competitividad de Honduras frente a Guatemala y El Salvador.
El mandatario evitó cuantificar el monto de inversión proyectado para 2026, pero afirmó que se trata de “varios miles de millones de dólares” que no han llegado al país por falta de seguridad jurídica y exceso de tramitología.
“Esto no es para llorar ni quejarse, es para ver hacia adelante y resolver”, concluyó el presidente, al reiterar que la prioridad será ordenar las finanzas públicas y devolver la confianza al país.
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