Al menos cinco alcaldías de Honduras enfrentan embargos por más de 1,000 millones de lempiras, afectando su funcionamiento y finanzas locales
Al menos cinco alcaldías de Honduras enfrentan serios embargos financieros que ponen en riesgo su funcionamiento y afectan servicios básicos, denunciaron autoridades municipales actuales.
Los casos se concentran en tres municipios de Olancho —Guata, Guarizama y Mangulile— y dos de Choluteca —Choluteca y El Corpus—, con cifras que superan los mil millones de lempiras entre deudas pendientes y embargos.
Según los registros municipales, las cifras por municipio son:
- Guata, Olancho: 31 millones de lempiras
- Guarizama, Olancho: más de 29 millones de lempiras
- Mangulile, Olancho: más de 50 millones de lempiras
- Choluteca, Choluteca: más de 850 millones de lempiras
- El Corpus, Choluteca: más de 65 millones de lempiras
Alcaldes afectados denuncian la situación
El alcalde de Mangulile, Dagoberto Pacheco Cardoza (Libre), indicó que recibió la administración municipal con embargos heredados por el exalcalde Olman Yanil Padilla (Partido Nacional).
De manera similar, Maynor Pagoada, alcalde de Guarizama (PN), heredó deudas de la administración de Santos Peralta (Partido Liberal).
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En Choluteca, el alcalde Eber Aplícano (PN) denunció que su municipio enfrenta embargos por más de 850 millones de lempiras, provenientes de la gestión de Quintín Javier Soriano Pérez (Partido Liberal).
Mientras tanto, Joaquín Antúnez, alcalde de Guata (Libre), y Katherine Guillén, de El Corpus (Partido Liberal), también enfrentan gravámenes millonarios de administraciones nacionalistas anteriores.
Autoridades del Estado reaccionan
El procurador Dagoberto Aspra y el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, se reunieron este viernes con magistrados de Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ para analizar los embargos, que consideran “estratégicos” y dirigidos a afectar la operatividad de las alcaldías.
“El Tesoro del Estado se encuentra bajo ataque. De manera sistemática se han estado haciendo embargos, quitando priorización en temas de educación, salud y niñez. Vamos a tener una reunión con la CSJ para que, de manera interinstitucional, sepamos qué está sucediendo”, declaró Hércules.
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Aspra dijo que se han identificado a Choluteca y Olancho como “jurisdicciones de alto riesgo”, debido a demandas que se tramitan rápidamente y son presentadas estratégicamente por abogados de los empleados y administraciones pasadas.
Según el Aspra, la Procuraduría y el sistema del Estado presentan debilidades para enfrentar estas demandas y embargos, por lo que expondrán la situación a la presidenta de la Corte para que se tomen los correctivos necesarios y se determinen responsabilidades dentro de la Corte y otros órganos fiscalizadores del Estado.
Por su parte, el abogado Juan Carlos Barrientos advirtió que los embargos podrían haber sido utilizados como mecanismo para beneficiar a empleados y activistas políticos vinculados a administraciones pasadas, asegurando ventajas a pesar de haber perdido las elecciones.
Recursos comprometidos
El alcalde de Guata, Joaquín Antúnez (Libre), denunció en Noticieros Hoy Mismo de TSi que su municipio enfrenta un embargo por más de 31 millones de lempiras, interpuesto por 43 exempleados, de los cuales solo 12 contaban con contrato permanente.
Antúnez explicó que la deuda compromete gravemente los recursos de la alcaldía, que depende casi en su totalidad de transferencias estatales, y advierte que esta situación impacta directamente en servicios esenciales como salud e infraestructura vial.
“Nuestro municipio es uno de los más pobres del país y estas demandas ponen en riesgo la atención a nuestra población de más de 13,000 habitantes”, señaló.
El alcalde agregó que la transición de la administración evidenció ocultamiento de información financiera y que, aunque no está en contra de pagar derechos laborales legítimos, considera que muchas de estas demandas carecen de soporte contractual.
Anunció que la municipalidad ya presentó un recurso de apelación y hará un llamado a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público para investigar posibles irregularidades.
Justificación del exalcalde Luis Baquedano
Por su parte, el exalcalde Luis Baquedano aseguró que no dejó embargada la alcaldía de manera intencional y que no podía impedir que los exempleados reclamaran sus derechos, ya que cada uno tenía derecho a presentar la demanda de acuerdo con la ley.
Baquedano explicó que, al recibir los requerimientos judiciales, actuó conforme a sus responsabilidades y firmó los documentos que le correspondían como edil saliente. “No soy quién para ordenar a las autoridades judiciales que esperen; los empleados tenían derecho a reclamar y yo debía dar respuesta a la autoridad competente”, indicó.
El exalcalde también detalló que, tras pagar cuentas por cobrar y transferencias pendientes, dejó un remanente de más de 3 millones de lempiras a favor de la nueva administración.
Reacción del alcalde de Guarizama
El alcalde de Guarizama, Maynor Pagoda, denunció que su municipalidad enfrenta un embargo por cerca de 30 millones de lempiras, producto de demandas interpuestas por 37 exempleados despedidos por la administración anterior, liderada por Santos Fulgencio Peralta.
Pagoda explicó que, aunque solo cuatro de estas personas eran empleados permanentes, el embargo compromete gravemente los recursos de un municipio con ingresos tributarios anuales que apenas alcanzan entre 300,000 y 700,000 lempiras, dejando a la alcaldía prácticamente “atada de manos y pies” durante los próximos dos años.
El alcalde agregó que las demandas fueron presentadas en tiempo récord: los empleados fueron despedidos el 6 de enero, la demanda se interpuso el 16 de enero y el 26 de enero ya existía una resolución que dio paso al embargo.
Pagoda aseguró que se han hecho gestiones con la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Anticorrupción y el Tribunal Superior de Cuentas, y que la municipalidad buscará agotar todos los mecanismos legales para proteger los recursos de la población, reiterando que los embargos derivan de acuerdos de conciliación que no pudieron ser cumplidos por falta de liquidez.
Demandas de empleados de Mangulile
En el caso de Mangulile, Olancho, su alcalde, Dagoberto Pacheco Cardoza (Libre), informó que su municipalidad enfrenta demandas de cerca de 30 empleados que no contaban con contratos formales, pero que reclaman prestaciones equivalentes a 31 millones de lempiras, dejando comprometidas las finanzas municipales.
Pacheco señaló que estos empleados fueron despedidos por la administración anterior encabezada por Yanil Padilla, y que la municipalidad fue notificada por el Poder Judicial sobre el embargo de manera inmediata, afectando la capacidad de inversión en proyectos de salud, infraestructura y asistencia social.
El alcalde explicó que, aunque hubo un acuerdo de conciliación similar al de otras municipalidades, la falta de pagos a tiempo llevó a que las cuentas de la alcaldía fueran embargadas, generando incertidumbre en la gestión actual.
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