Tras años de polémica y costos millonarios, el Gobierno abre la subasta del avión presidencial bajo presión política y social.
La historia del avión presidencial dio este miércoles un giro definitivo. Con su publicación en el diario oficial La Gaceta, el Gobierno oficializó la venta de la aeronave mediante subasta pública, cerrando así uno de los capítulos más cuestionados del uso de bienes del Estado en Honduras.
El decreto, ya convertido en ley de autorización, establece que el Poder Ejecutivo deberá realizar un avalúo técnico para fijar un “justo precio” antes de poner el avión en el mercado.
No se trata solo de vender: la norma también obliga a redirigir los fondos a programas sociales en las zonas con mayores carencias.
Desde Casa Presidencial, el mensaje es claro: el avión dejará de ser un símbolo de privilegio para convertirse, al menos en el discurso oficial, en una fuente de recursos para atender necesidades urgentes.
Bajo la administración del presidente Nasry Asfura, la medida busca marcar distancia con decisiones del pasado y proyectar una imagen de austeridad en medio de una crisis social persistente.
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Avión presidencial: avalúo, subasta y promesas sociales
La ley ordena que antes de cualquier transacción se realice una valoración independiente de la aeronave. El objetivo, según sus promotores, es evitar una venta a precio de remate y garantizar que el Estado reciba lo que realmente vale el activo.
El diputado Eder Mejía, del Partido Nacional de Honduras, defendió el proceso y aseguró que la normativa deja poco margen para la discrecionalidad.
“Se hará un avalúo del avión presidencial para buscar un justo precio. Y la ley establece que los recursos deben ir a programas sociales”, afirmó.
En el discurso oficial, la venta no es solo una operación financiera: es presentada como una oportunidad para transformar un bien costoso en inversión social. Educación, salud, vivienda y asistencia comunitaria figuran entre los posibles destinos del dinero.
Sin embargo, en un país marcado por escándalos de corrupción, las promesas no bastan.
Transparencia bajo la lupa ciudadana
Desde la sociedad civil, la decisión es vista como necesaria, pero incompleta si no va acompañada de controles estrictos. El analista Luis León advirtió que el verdadero desafío comienza ahora.
“Honduras no tiene condiciones para sostener un avión privado. Su mantenimiento es carísimo. Venderlo es correcto, pero el proceso debe ser totalmente transparente y documentado”, señaló.
León insistió en que la subasta debe contar con respaldo jurídico, informes técnicos y mecanismos de fiscalización pública. De lo contrario, el riesgo es que el activo termine beneficiando a intereses privados y no a la población.
La exigencia es clara: cada paso, desde el avalúo hasta el uso del último lempira, deberá ser visible.
Un símbolo del despilfarro que busca redención
Para la oposición, el avión presidencial no es solo un bien estatal: es un recordatorio del mal uso de los recursos públicos. La diputada Luz Ernestina Mejía, del Partido Liberal de Honduras, lo resumió sin rodeos.
“Es uno de los casos emblemáticos de mal uso del dinero público. Cómo se compró, cuánto costó y lo poco que se usó. Fue prácticamente para una familia”, expresó.
Según Mejía, la venta es una corrección tardía, pero necesaria, a una decisión que dejó más cuestionamientos que beneficios. Para ella, el reto es que el dinero no vuelva a perderse en la opacidad institucional.
Entre la subasta y la credibilidad del Estado
La operación entra ahora en una fase decisiva. Técnicos, valuadores, oferentes y funcionarios tendrán en sus manos un proceso que será observado con lupa por partidos, medios y ciudadanía.
No se trata solo de vender un avión. Se trata de demostrar que el Estado puede desprenderse de un símbolo de privilegio sin repetir viejas prácticas: sin arreglos bajo la mesa, sin favoritismos, sin silencios administrativos.
En el cielo ya no vuela. Ahora, en tierra firme, el avión enfrenta su juicio más importante: el de la confianza pública.
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